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L'Horta Nord

El Síndic afea a Educación la «inactividad» ante un posible caso de acoso laboral

El defensor del pueblo apunta una «falta de respuestas» en un conflicto entre docentes de una escuela

La primera denuncia llegó en el año 2015 cuando un profesor de un colegio de Massamagrell denunció al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana un supuesto caso de acoso laboral por parte del equipo directivo del centro hacia él y otros profesores.

Ha sido a finales de 2017, cuando la institución de la Generalitat ha emitido un informe con el proceso completo entre el órgano público y el centro escolar en el que sugiere que se aplique «con el máximo rigor la economía de plazos y términos reduciendo al mínimo posible la duración del procedimiento en garantía de la eficiencia y eficacia en la gestión de una materia tan sensible», es decir, que se agilicen los procesos de resolución en casos de conflicto en el ámbito laboral.

El Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, Invassat, realizó una actuación en la escuela tras la primera queja y concluyó la «existencia de problemas» entre el personal docente y el equipo directivo ya en 2015 y, la última inspección para comprobar el ambiente del equipo del colegio fue el pasado diciembre. Uno de los profesores denuncia la «respuesta cero» por parte de la administración y la tardanza en ejecutar medidas preventivas ante posibles casos de «mobbing».

Así, en un escrito en mayo del año pasado uno de los afectados detallaba al Síndic de Greuges que «la inspección educativa no hace ninguna intervención durante el curso 2015-2016. Dejaron pasar un año entero hasta la renovación del equipo directivo», algo que, detalla, ha provocado malestar entre las partes del conflicto.

Asimismo, el órgano público afirma, escudándose en todos los informes de ambas partes, que la Conselleria no ha tenido una «respuesta activa» hasta transcurridos «22 meses» o «un año 10 meses, si así lo vemos más claro».

Por otra parte, la institución de defensa del ciudadano también detalla, sin juzgar el contenido de los informes, que «la falta de respuestas concretas, explicaciones y transparencia del proceso, es poco respetuosa con los derechos de las personas afectadas impidiendo una legítima defensa de sus intereses» y subraya la «inactividad de la administración que resulta contraria a los protocolos de actuación ante el acoso en centros docentes». Es por eso, que recomiendan que los procesos se agilicen y se garantice una eficiencia en gestionar asuntos «tan sensibles» para los implicados.

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