El pleno de Paterna ha aprobado la modificación puntual número 69 de su Plan General de Ordenación Urbana con el claro objetivo de proteger una valiosa pinada y evitar exponerse a una posible indemnización ante los derechos adquiridos por los propietarios de los terrenos, en el linde que divide el Parque Tecnológico y la urbanización Mas Camarena, en Bétera.
El PGOU aprobado en 1990 consideraba una superficie superior a los 22.000 metros cuadrados como suelo urbano de uso residencial destinado a unifamiliar asilada. El documento también proyectaba dos nuevos viales de acceso a las parcelas que se creaban. Sobre el año 2013 y con el PP en el gobierno paternero, se genera una movilización vecinal, a la que se suman algunos partidos de la oposición, ante el interés de un constructor por realizar un proyecto de construcción de adosados en la zona, y que ponía en peligro una gran pinada, que divide los términos de Paterna y Bétera.
Las protestas y reivindicaciones surgieron efecto y en diciembre de 2013, el PP somete a información pública la modificación del uso del terreno, pasando de urbanizable residencial a terciario-recreativo privado, protegiendo además la pinada. En mayo de 2014, el asunto llegó al pleno y fue aprobado con los votos populares y el rechazo de toda la oposición.
El problema es que, como explica el actual concejal de Urbanismo Carles Martí (Compromís), «el equipo de gobierno popular no siguió con la tramitación del expediente, remitiéndolo a la conselleria de Territorio para que emitiera el pertinente informe de impacto ambiental, y ya con todos los documentos aprobados pasarlo de nuevo por el pleno para su aprobación definitiva». Ante este panorama y con el uso residencial vigente, los propietarios del suelo tenían unos derechos adquiridos por lo que podrían iniciar o plantear la ejecución de un proyecto urbanístico, o en su defecto solicitar una indemnización.
Ya en esta nueva legislatura, la concejalía de urbanismo remite todo el expediente al servicio autonómico de evaluación ambiental y territorial. El documento plantea anular el uso residencial de la parcela, estableciendo un uso terciario recreativo-deportivo privado, además de contemplar zonas verdes. De una superficie total de 22.284 metros cuadrados, 19.050 serán terciarios, 3.127 zona verde pública y el resto, red viaria del espacio verde. La parcela está ocupada actualmente por un centro hípico y un lago artificial rodeado de árboles. La protección de la zona arbórea está prevista delimitando la zona verde y concentrando la edificabilidad en las actuales instalaciones ecuestres.
El servicio territorial autonómico emitió el pasado octubre un informe favorable ambiental, y emplaza a que debe tenerse en cuenta que «la masa arbórea deberá incluirse en la Infraestructura Verde interna conectándola con la de escala municipal», y respecto a la ordenanza de protección del arbolado, «deberá incluirse en la documentación del plan la justificación de aplicabilidad y forma de cumplimiento».
Con el informe a favor en la mano, el equipo de gobierno llevó el asunto al último pleno municipal, logrando su aprobación con los votos del tripartito y del PP, y la abstención de Ciudadanos.
Cruce de críticas PP-Compromís
Durante el debate, Carles Martí explicó que la modificación «era una herencia más del PP que tenemos que solucionar». María Villajos , portavoz de los populares, se defendió del ataque recordando a Compromís que «ustedes votaron en contra de esta modificación en mayo de 2014», preguntando «qué ha cambiado para que antes rechazaran la modificación y ahora le vean estupenda. No ha cambiado nada. La pinada ya estaba protegida por nosotros. Y si tan mal ve ese acuerdo plenario, haberlo eliminado con otro acuerdo plenario, como han hecho muchas veces en estos dos años y medio, y no traer aquí la aprobación de la modificación. Se trata de una nueva incongruencia de Compromís».
La respuesta del concejal de Urbanismo fue rápida: «Lo hacemos por responsabilidad. Su plan original no era ese. Solo gracias a las alegaciones de los vecinos cambiaron el planeamiento. A mí no me gusta asfaltar más, pero tenemos que arreglar el desastre de aquella tramitación que no se concluyó. Ustedes generaron unos derechos sobre los propietarios, y si se anula, el ayuntamiento se vería obligado a desembolsar una cantidad grande de dinero».
