La Asociación Ca la Mare, dedicada a promover proyectos sociales con personas en riesgo de exclusión, denunció ayer en el Juzgado de Catarroja al ayuntamiento de esta población por «abuso de poder» después de que hora antes las Policía Local precintase su sede.

También la responsable de la entidad se presentó ante el juzgado de lo contencioso administrativo de València para pedir medidas cautelares que les permitan abrir el local «pero no hemos podido porque no nos han presentado ninguna orden judicial». «La Policía local se han presentado con un escrito hecho en bolígrafo a puño y letra donde ponía que el ayuntamiento les pedía que supervisase el local y lo cerrase si no cumplía la normativa. han estado haciendo fotos sin una orden judicial y sin nuestro permiso», denunciaba la presidenta Giovanna Rodríguez, que aseguraba estar «desesperada» ante la situación.

«Hemos dejado a un centenar de personas sin poder comer hoy, tampoco podremos dar mantas a los sin techo que estamos atendiendo diariamente por la noche, y se han quedado en la calle las 60 personas que nos manda el Juzgado de Valencia cumpliendo trabajos a beneficio de la comunidad», añadía Giovanna Rodríguez.

Raga: «No cumple la normativa»

El consistorio, por su parte, alega que el cierre que ha dictado responde a la «avalancha» de quejas recibidas por los vecinos de la zona, «porque cortan la calle para descargar y no tienen vado, y tampoco tienen un plan de gestión de residuos, las cosas que no quieren las amontonan fuera en un contenedor y los vecinos se quejan y no podemos desatenderles», afirmaba el concejal de Urbanismo, Martí Raga.

El edil explicó que se pusieron en contacto con la asociación para que sus responsables hicieran una declaración responsable para el inicio de las obras y poder regularizar la situación, pero no ha habido respuesta por parte de la entidad. «No le pedimos nada que no le hayamos pedido a otra asociación. No están sujetos a ninguna normativa medioambiental como dicen, eso es falso, pero dentro tiene ropa acumulada, comida, y acuden diariamente cientos de personas incluidos niños. Además, el local carece de un Plan de Emergencia, no tiene sistema anti-incendios y ni siquiera tiene un extintor. No ofrece garantías de seguridad, salubridad y es un peligro que siga abierto», señalaron desde el consistorio.

Una afirmación que desmiente Ca la Mare. «Tres arquitectos fueron a pedir la declaración responsable al ayuntamiento y no nos la dieron porque nos dijeron que primero teníamos que haber hecho las obras, una reforma que todavía no habíamos acabado, entre otras cosas porque nos las paralizaron al cambiar el marco de una puerta», recuerda Rodríguez.

La presidenta de la asociación asegura que «sí tenemos un extintor», y además «tenemos na boca de incendio».

Rodríguez afirma que desde que abrió la asociación «estamos sufriendo una persecución política. Hace poco recibimos un oficio del ayuntamiento requiriendo los instrumentos ambientales, y el 13 de enero por registro de entrada presenté las alegaciones correspondientes, sobre las cuales no he recibido ninguna notificación», señala. «Y luego encima nos dicen que no saben cuál es nuestra actividad, y tengo una copia del mail que envié al alcalde y a todos los concejales con el proyecto», añade la presidenta.

Ca la Mare también se ha puesto en contacto con la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas Mónica Oltra para explicarle la situación.