El alcalde socialista de Aldaia, Guillermo Lujá, ha declarado esta mañana en los Juzgados de Torrent por una denuncia de presunta prevaricación administrativa, a raíz del pago de facturas del servicio de catering que el consistorio presta a mayores y dependientes, que estaban fuera de contrato. La denuncia fue interpuesta en mayo de 2017 por un exalto funcionario del ayuntamiento, que era el abogado cuando se produjo el expediente y que está desde el pasado abril suspendido por ejercer una actividad incompatible con su puesto.

La denuncia se basa en que Luján realizó un contrato menor con la empresa vinculada a la Fundación Novaterra para suplementar el servicio de "Menjar a Casa" que presta el ayuntamiento a una media de 80 mayores al mes. Para este servicio, el ayuntamiento dispone de cocina propia y tenía en plantilla una cocinera.

Aunque inicialmente se realizó un contrato menor de 18.000 euros mientras se ponía en marcha la bolsa de trabajo para contratar a una segunda cocinera, finalmente el consistorio acabó pagando 60.000 euros a la firma de economía social ya que el proceso se alargó, por un lado, y la cocinera cayó enferma, por otro.

En ese caso, el consistorio echó mano de la legislación para alegar que se trataba de una circunstancia especial y contó con los informes favorables tanto de la técnica de Bienestar Social como del ahorra denunciante, en calidad de abogado. El servicio se inició en otoño de 2015 y duró hasta septiembre de 2016. Entonces se suspendió el contrato y se incorporó la segunda persona en cocina.

No obstante, el mismo técnico que había avalado con su informe la operación presentó en mayo de 2017 una denuncia por prevaricación que fue admitida a trámite y por la que el mandatario ha tenido que declarar esta mañana. La denuncia se interpuso semanas después de que el consistorio lo suspendiera de empleo y sueldo por un expediente abierto durante más de un año, a raíz de una queja del Ayuntamiento de Quart de POblet, que alertó a Aldaia de que el técnico se había presentado a una plica en el municipio vecino, lo que era incompatible con su puesto de alto funcionario.

Tras el expediente, en Aldaia se resolvió y se aplicó su inhabilitación temporal, una decisión que también está recurrido en los tribunales por el afectado.

La defensa de Luján intentó en los días previos que la declaración no se realizara alegando precisamente que el denunciante era la misma persona que había realizado el informe que llegó al mandatario a adoptar la decisión de prorrogar el contrato, pero el juez decidióeguir adelante.

Guillermo Luján lleva una década en la corporación de Aldaia como edil y es el alcalde desde 2015 cuando los socialistas recuperaron la alcaldía. Actualmente es uno de los cuatro candidatos en l'Horta Sud a la secretaría general de su partido.