Los problemas entre los usuarios del puerto de Port Saplaya y Egusa, la empresa pública que lo gestiona continuan. El malestar generado por el aumento de las cuotas ha convertido el conflicto en un pulso. La inmovilización de algunos barcos que no aceptaron las nuevas tasas y, como protesta, no abonaron la mensualidad, ha afectado, entre otras actividades, a la programación del Club Náutico, que no celebrará una regata programada por tener algunas de las embarcaciones de la escuela inmovilizadas.
El comité de la agrupación portuaria ha informado que aplazará el XXIII Trofeo 30 millas a2 que tenía previsto para el próximo fin de semana por la «retención de embarcaciones de participantes». «Nos vemos obligados a aplazar la regata XXIII Trofeo 30 millas a2 hasta la solución del problema con la concesionaria de la dársena deportiva de Port Saplaya, que nos permita la organización de la citada regata», han explicado representantes del Club Náutico.
Por otra parte, los propietarios de los barcos que utilizan los amarres de la dársena de Alboraia-ahora bajo un régimen de arrendamiento por el cambio de condiciones de la gestión del puerto que ya no es concesionario, sino autorizado- detallan que están «indignados» por la gestión que se está llevando a cabo por parte de Egusa y, concretamente, por el presidente de la empresa pública, Agustín Marí. «Hay un problema, nos sentimos indignados y pensamos que la gestión de Egusa es mala y autoritaria», explica el portavoz de la asamblea.
Querella por coacciones e injurias
Los amarristas han presentado una querella en el juzgado número 4 de Moncada por coacciones e injurias contra el presidente y el ingeniero de la empresa porque, según explican, «la gestión provoca enfrentamientos y no da ninguna solución posible». Asimismo, y «por esta misma razón», según apuntan desde la asamblea de amarristas, piden la dimisión del presidente de Egusa. «Entendemos que ha llegado el momento de que dimita. Vamos a pedir al alcalde de Alboraia que lo cese o que él mismo deje paso a otras personas que tengan capacidad para solucionar un conflicto como este», explicó ayer el portavoz a Levante-EMV.
El presidente del consejo de administración de Egusa, Agustín Marí, apunta que no dimitirá, «si quieren hacer un escrito que lo hagan». «Se están haciendo un lío porque yo no soy el que decide, cada acción de Egusa se aprueba por votación, mi voto es un voto más», explica el responsable.
Por otra parte, defiende: «Lo que yo digo está en los papeles y en los recibos pendientes de pago, todas las acciones que hemos tomado están aprobadas por conselleria. Si tiene que venir un papel por vía judicial para detallar quién tiene razón que venga». Asimismo, recuerda que los usuarios «no han cumplido el acuerdo entre ambos» y que «no pueden imponer una bajada de tarifa que repercutiría en la economía de las 24.000 personas que viven en Alboraia». Por eso, añade, «estamos defendiendo un interés público».
Marí explica que los cambios de la estión no son decisión suya personal,sino que es un acuerdo con conselleria. Además, explica, «la tarifa de Port Saplaya está por debajo de otros pueblos, ellos no pueden imponer los precios y si hemos de reclamar judicialmente la deuda lo haremos».
El primer edil de Alboraia, Miguel Chavarría, detalló, por su parte, que a nivel de ayuntamiento, «los usuarios del puerto siempre tienen las puertas abiertas para sentarse a hablar» y que el equipo que gobierno en la no ha recibido ninguna llamada por parte de los afectados para sentarse a buscar una solución.
