La condición de expresidente de la Generalitat viene regulada por la LEY 6/2002, de 2 de agosto, de la Generalitat Valenciana, de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana. Esta ley dispone, entre otras cuestiones, la pertenencia al Consell Jurídic Consultiu por un periodo de 15 años, o los recursos humanos y materiales a disposición de las personas que hayan ostentado la Presidencia de la Generalitat.

Desde Compromís per Paterna denuncian que la normativa vigente no contempla ningún mecanismo para poder retirar la condición honorífica de expresidente a aquellas personas que hayan incurrido en actos o comportamientos impropios de esta condición. De tal manera que "nos podríamos encontrar con el caso de tener un expresidente condenado por delitos de corrupción cometidos durante su mandato y que todavía disfrute de los privilegios otorgados a las personas que han ostentado la presidencia de la Generalitat". En esos casos, la formación valencianista considera "prioritario salvaguardar la honorabilidad y dignidad de las instituciones valencianas y por eso propone la modificación de la ley que regula estos privilegios".

Juanma Ramón, portavoz del Grupo Municipal de Compromís per Paterna ha manifestado que "las Cortes Valencianas, donde está representado el pueblo valenciano, es la institución encargada de otorgar su confianza a las personas que ostentan la presidencia de la Generalitat. Por ese motivo, pensamos, que las Corts también se tienen que sentir especialmente interpeladas cuando esas personas ponen en riesgo la honorabilidad y dignidad de las instituciones de autogobierno como es el caso de Francisco Camps".

La coalición de izquierdas considera que el caso de Camps ha puesto encima la mesa la "necesidad de modificación de la ley por encontrarse inmerso en numerosos procesos judiciales por corrupción cometidos presuntamente durante su gestión".

"Durante estos últimos años hemos visto como más de un ilustrísimo, excelentísimo y honorable pasaban de ocupar despachos oficiales a sentarse en los bancos de los juzgados acusados, precisamente, de no hacer honor a sus tratamientos protocolarios. Consellers, Presidentes de Diputación y alcaldes, entre ellos lo de Paterna, han sido condenados por diferentes delitos que tienen que ver con su gestión al frente de las instituciones valencianas. No podemos permitir que estas personas continúen disfrutando de un estatus que no se merecen. La democracia en nuestro país está viviendo uno de los periodos más oscuros y es nuestra obligación contribuir a mantener la honorabilidad y dignidad de las instituciones valencianas para salvaguardar nuestra democracia", ha manifestado Juanma Ramón.