El juzgado número 2 de Torrent ha archivado la querella por prevaricación administrativa presentada por varios agentes de Policía Local contra la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, y la concejala de Hacienda, Beatriz Jiménez, según anunció el consistorio en un comunicado. El pronunciamiento judicial es el enésimo capitulo de una larga batalla sobre unas oposiciones policiales. El juez alega en el auto, no facilitado por el ayuntamiento, que las actuaciones de ambas dirigentes de Compromís «no pueden calificarse como delictivas, concretamente constitutivas de un delito».
El caso se remonta a 2009. La Oferta de Empleo Público (OPE) contemplaba incorporar a dos agentes de Policía Local. En 2011, el entonces alcalde Vicente Ibor (PP) aprueba dos decretos (el 173 y el 174/2010) por los que se modifican las bases iniciales y se licitan dos nuevas convocatorias: una plaza por «consolidación de empleo» y otras cinco por «procedimiento de movilidad» y cuatro de turno libre. Los decretos se firmaron con los reparos del secretario.
La oposición concluyó en 2015, con los cinco agentes aprobados, mientras que el proceso por consolidación no llegó a celebrarse. Un aspirante que no logró plaza presentó un recurso de reposición alegando que «el número de plazas de la convocatoria es superior a las ofertadas en la OPE». El secretario municipal aceptó el escrito y el alcalde Ibor, sin respaldo jurídico y con las elecciones perdidas, anuló las plazas sobrantes mediante un decreto de alcaldía. Es decir, asignó el puesto de movilidad y el de turno libre con la mejor nota, dejando sin vacante a los otros tres aprobados.
Los agentes presentaron un contencioso contra el decreto de Ibor. El tribunal dio la razón a los policías a finales de 2016, obligando al consistorio readmitirlos, tras el pertinente curso en el Ivaspe. Entre los argumentos destaca que el alcalde no podía eliminar un acto administrativo por decreto.
Eliminación de cinco plazas
El nuevo gobierno de Paiporta -Compromís-PSOE-PodEU- debía afrontar el caso. Así, encargó un dictamen al Consell Jurídic Consultiu para actuar en consecuencia. La resolución instaba a «proceder la revisión de oficio y la declaración de nulidad de los decretos de alcaldía por los que se aprobaron las bases». El CJC abogaba por volver a 2011, comenzar el proceso de cero y eliminar las cinco plazas que ya tenían nombres y apellidos. Y así se hizo en un pleno extraordinario.
Los agentes afectados acudieron a la Fiscalía y denunciaron a Martín y Jiménez por supuesta prevaricación administrativa. El proceso acabó en el juzgado número dos de Torrent que, después de instruir diligencias e imputar a las dos concejalas, ha sobreseído la causa El juez alega que las actuaciones de las dirigentes en el caso de la oposición «no pueden calificarse como delictivas, concretamente constitutivas de un delito de prevaricación administrativa, dado que se efectuaron al amparo de lo que se dispone en un informe del Jurídic Consultiu».
