La suspensión de empleo y sueldo por tres años a un alto funcionario del Ayuntamiento de Aldaia, tras un expediente disciplinario, fue correcta, según ha estimado el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de València. Álvaro Aleixandre, que ejerció de abogado del ayuntamiento desde 1986, se había presentado a una plica de servicio de asesoramiento jurídico externo en el consistorio de Quart de Poblet y fueron sus técnicos los que alertaron a Aldaia de la posible incompatibilidad.
Tras la sanción, el funcionario presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de alcaldía de abril de 2017 ,que recogía su inhabilitación temporal, que ahora ha sido íntegramente desestimado.
El asunto se remonta al inicio de la presenta legislatura cuando el consistorio de Aldaia fue advertido por el de Quart sobre una posible incompatibilidad de uno de sus altos funcionarios. Durante el expediente disciplinario, este abogado reconoció que desde los años 80 había compatibilizado su actividad privada con la de funcionario, en diferentes municipios y partidos judiciales, y para distintas administraciones. No obstante, alegó, como también ha esgrimido ante el juzgado, que contaba con una declaración de incompatibilidad del pleno de 1986, que le permitía ejercer este tipo de actividad.
En el transcurso del expediente se consideró, por contra, que la autorización plenaria estaba caducada hacía años, dado que el funcionario cambió de puesto o incluso tuvo excedencias para trabajar para otras administraciones, ya que fue, por ejemplo, secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana en la etapa de gobierno del Partido Popular. De ahí que se le sancionara.
Ya en el proceso judicial, Aleixandre presentó hasta nueve alegaciones en su defensa, entre ellas que en su caso se había producido una vulneración del principio de igualdad de trato respecto a otros funcionarios que teóricamente también ejercen actividades privadas similares.
Recurso en Quart
Además, insistió en que también se daba una «desviación de poder y arbitrariedad» ya que consideraba que el verdadero motivo del expediente era el recurso que él mismo presentó en Quart de Poblet cuando su oferta fue desestimada. El funcionario esgrimió ante la jueza que se trataba de un «municipio vecino y de gobierno ideológicamente afin» a Aldaia. Y sobre el recurso, aseguró que, si bién él desistió, la plica acabó anulándose por otras impugnaciones.
La jueza, por su parte, no ha estimado ninguna de sus alegaciones sino que considera que el consistorio actuó correctamente ante una falta grave. Además, en el texto deja claro que el pronunciamiento se realiza, «tras el examen exhaustivo y valoración conjunta de lo actuado, incluida la lectura del expediente». Asimismo, la magistrada insiste en que «la normativa en materia de incompatibilidades que resulta aplicable al actor, dispone de forma expresa y taxativa que los reconocimientos de compatíbílídad, quedarán automátícamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público». Contra la sentencia cabe ahora recurso de apelación.
El caso de las facturas
Este proceso judicial no es el único en el que están inmersos en funcionario y el Ayuntamiento de Aldaia. Semanas después de suspenderlo, Aleixandre se querelló contra el alcalde socialista, Guillermo Luján, al que acusó de prevaricación administrativa, por el pago fuera de contrato de facturas por el servicio de catering social. El consistorio tenía un contrato menor con una firma, cuyo máximo legal son 18.000 euros y acabó pagando 60.000.
En este procedimiento, el alcalde declaró hace semanas en calidad de investigado. En su defensa denunció ser víctima de una estafa procesal ya que, según su versión, el funcionario había realizado el informe jurídico que avaló la ampliación del contrato en 2016, cuando se produjo una situación de necesidad al caer mala la cocinera que realizaba una parte del servicio y tener el consistorio que atender a 80 personas ancianas y dependientes, a las que les lleva a diario la comida a domicilio.
