En octubre de 2015, pocos meses después del cambio de alcaldía que ponía fin a años de hegemonía popular, el pleno aprobaba solicitar a la Sindicatura de Comptes una auditoría sobre las cuentas generales de Moncada.
Entre las conclusiones, el síndic pone la lupa sobre el modelo de contratación desarrollado por el PP, concluyendo que el consistorio «no ha cumplido de forma razonable» en 2014 y 2015 con los principios generales establecidos por la ley. Entre otros argumentos, la sindicatura detalla que los pliegos «no han sido debidamente firmados ni diligenciados», «las actas de las mesas de contratación como los informes técnicos de valoración de las ofertas carecen de firmas», «no constan informes de necesidades ni informes de fiscalización de intervención», «no se cumple de obligación de publicar la adjudicación», «tramitación mediante procedimiento de urgencia, sin justificarla y sin que conste en el expediente la preceptiva declaración de urgencia por el órgano de contratación», «no se ha justificado la elección de los criterios de adjudicación ni el valor estimado del contrato», o que «no queda suficientemente justificado que haya sido seleccionada la oferta más ventajosa».
La alcaldesa Amparo Orts defendió que en su etapa y con la llegada de una nueva interventora (habilitada nacional) y otro secretario «el cambio ha sido importantísimo» y con la nueva «maquinaria de fiscalización, muchas de las contrataciones que se aluden en el informe del síndic se han paralizado». La intervención, según Orts, ha realizado un informe en la que detalla que «todos esos reparos se han subsanado» y «ahora se hacen las cosas correctamente».
