María Ángeles Vidal está viviendo un calvario. Tras décadas en su casa pagando la hipoteca ya ha abonado un total de 170.000 euros. Pero eso no importa. A pesar de haber pagado al promotor la cantidad que debía al banco, este lo abonó a la entidad con otra concepto por lo que la deuda de María Ángeles figura como no pagada. Tras un proceso judicial que perdió, ella y su asesor han presentado una demanda civil contra el promotor por incumplimiento de contrato de la que aún están esperando respuesta firme.
Por otra parte, un juez ha ordenado el desahucio por considerar que María Ángeles no cumple el requisito de persona en riesgo de exclusión "por no ser una unidad familiar y no tener hijos a su cargo", según explica su asesor, Rafa Aguado. Ahora ella ha recurrido esta sentencia para que le den una solución: un lugar para vivir. Pues a pesar de no tener hijos y no ser, según la ley "una familia en riesgo de exclusión", ella y sus abogados consideran que sí es una "persona en riesgo de exclusión".
Ayer acordaron con la procuradora del banco (ya que la jueza a cargo no quiso escucharles) conceder a la afectada 30 días más para proceder al desahucio, un tiempo en el que, ella, su sobrino y sus abogados esperan que el juez conteste y rectifique a su favor, concediéndole una vivienda y no "dejándola en la calle" y considerándola como una persona en riesgo de exclusión social por su situación complicada.
Esta mañana, amigas y amigos de María Ángeles, así como vecinos y compañeros de la Plataforma de Alaquàs "Defiéndete de abusos bancarios" y de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) se han congregado ante la puerta de la casa de la afectada para mostrarle su apoyo y si hubiera procedido el desahucio en ese momento, intentar evitarlo. "Es una barbaridad, el banco se queda con el dinero y se queda con la propiedad por culpa del promotor", opinaba una amiga de Vidal. "Los que más necesidades tenemos al final quedamos desamparados, la banda siempre gana", comentaban dos mujeres.
