Los municipios de la comarca que liquiden el ejercicio 2017 con superávit podrán reinvertir ese remanente sin necesidad de destinarlo a amortizar deuda, como establece la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria impuesta por la administración Rajoy. Ahora, el ministerio de Hacienda ha abierto la mano y ha acordado con

La FEMP reitera que el cumplimiento con la estabilidad financiera debe otorgar mayor autonomía a los ayuntamientos para reforzar sus plantillas, asegurando que esto irá en beneficio de la eficiencia local. «Esto significa más conductores de autobús, policías locales, profesionales administrativos», señaló.

Gran parte de los municipios de l'Horta están pendientes de liquidar el pasado ejercicio. Uno de los que ha lo ha hecho ha sido Catarroja, que cerró 2017 con un remante de dos millones. Si se cumplen las previsiones del acuerdo entre el Gobierno y la FEMP, el municipio de l'Horta podrá destinar esos dos millones a algo más que reparación de calles o plazas o en espacios municipales.

En este sentido y tomando como referencia las liquidaciones de 2016, localidades como Meliana, Burjassot, Foios, Aldaia, Rafelbunyol, Manises, Xirivella, Quart, Paterna, Massanassa o Picassent cerraron aquel ejercicio con superávit. En total, más de 30 millones de euros. Consultados en su momento, los alcaldes reclamaban poder utilizar esos remanentes positivos a inversiones sostenibles, pero también a servicios sociales o mejorar las plantillas y poder aumentar la atención a sus vecinos o mejorar el funcionamiento de sus administraciones.

Por ejemplo, Guillermo Luján, de Aldaia, calificaba de «sin sentido» las «imposiciones» sobre a su ayuntamiento -con 3,5 millones de superávit en 2016-«saneado». Desde Rafelbunyol, con 1,7 millones, veían «absurdo» destinar ese dinero a amortizar «una deuda ya programada» cuando «nos vendría muy bien para programas de ocupación o para contratar técnicos». Desde la FEMP, Caballero anunció que tomarán nota «de que comprometió acciones que vamos a vigilar y exigir. Vamos a permanecer muy atentos para garantizar el cumplimiento. En 20 días tiene que estar el decreto que dé cumplimiento».

El próximo reto de la Federación es que el Gobierno retome las negociaciones para establecer un nuevo techo de gasto después de que el asunto haya quedado aparcado desde el mes de septiembre. Según ha insistido Caballero, las entidades locales quieren desde la mesa de diálogo y con «la contundencia de sus razones», negociar un techo de gasto «eficaz». «Que limite y que deje un tope, pero que lo haga de forma eficaz», reivindicó el alcalde.