La sentencia del TSJ que condena a Moncada a pagar un millón de euros por la expropiación de una parcela urbana, es la enésima a la que se llevan enfrentando los últimos años los pueblos de la comarca. También es cierto que si comparamos la cantidad que desembolsará el municipio con otros fallos judiciales, pueden darse por satisfechos.
Godella, tal vez, representa el pueblo asfixiado por las sentencias expropiatorias. El consistorio con un PGOU vigente desde 1990, ha sufrido desde entonces dos fuertes varapalos condenatorios. El primero fue en 2012. El Supremo daba por el bueno el fallo del TSJ que obligaba al ayuntamiento a pagar 17 millones de euros a la congregación religiosa Sagrado Corazón por expropiar 26.000 metros del bosque de la Devesa, que el plan general calificó como zona verde. Ambas partes negociaron ante la elevada cantidad. Al final, pactaron 7,2 millones, más los intereses a pagar en 15 años, por 16.702 metros cuadrados.
Años más tarde, la historia se repetía. Una constructora inició la expropiación forzosa de 14.500 metros de suelo urbano en el Bovalar. Tras las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación y el Tribunal Superior de Justicia, el Supremo ratificaba la condena de 2,7 millones, más intereses.
En total, Godella afronta mes a mes, pagos para abonar más de once millones. A lo que hay que sumar otros acuerdos con más propietarios por unos 300.000 euros. De hecho, el consistorio ultima una modificación de su PGOU para evitar exponerse a más expropiaciones millonarias.
El Consell enterró en 2015 el PAI Gran Manises, pero las consecuencias del macroproyecto, con 9.000 viviendas, pueden recaer sobre las arcas locales. El PP de Enrique Crespo ejecutó una ciudad del deporte y la ronda Jaume I sobre terrenos de propietarios, a cambio de aprovechamiento urbanístico en el futuro plan, ya fuera en forma de pisos, suelo urbanístico o terciario.
Al cancelarse el proyecto, los dueños se han quedado sin tierras y sin aprovechamiento. De momento, el dueño de 35.000 metros ha presentando ante el Jurado Provincial de Expropiación una solicitud de 11 millones, a razón de 317 euros el metro. Los técnicos municipales lo tasan en poco más de 93.000 euros, mientras que el jurado lo eleva a 533.000 euros. Parece que el caso acabará en los tribunales. El problema es que la cantidad de terrenos afectada supera los 200.000 metros, con lo que las expropiaciones podrían ser millonarias.
En 2014, la familia Trénor inició un proceso de expropiación forzosa por dos parcelas de 114.000 metros cuadrados en la Canyada, en Paterna. Tras acudir al Jurado Provincial y presentar una hoja de aprecio en el ayuntamiento que no logró respuesta, los propietarios de la zona catalogada como verde dotacional, han interpuesto un contencioso administrativo en el que reclaman al consistorio unos 37 millones de euros. Los Trénor argumentan en su demanda que el suelo debe considerarse urbano, ya que se encuentra en una zona residencial, con alumbrado, alcantarillado y servicio de basuras. El departamento de Urbanismo está preparando la respuesta a la denuncia.
