Los establecimientos relacionados con el sector de la alimentación están en pie de guerra en Torrent por las sanciones derivadas de las últimas inspecciones sanitarias que se han producido en la población, cuyas consecuencias han llevado al cierre de negocios. Las asociaciones y gremios preparan ahora una queja conjunta que elevarán a la Conselleria de Sanidad, para pedir medidas más equilibradas, y al consistorio, para que los defienda. El nivel de crispación ha llegado a tal punto que el ayuntamiento ha iniciado una mediación con el departamento de salud de zona y la inspección sanitaria, además de pedir el propio alcalde, Jesús Ros, una entrevista con la consellera de Sanidad Carmen Montón.
El presidente de la Asociación de Hostelería de Torrent, José María Rizzi, explica que el problema se ha generado desde el pasado verano, a raíz de lo que consideran un cambio de criterio en las personas que se encargan de la inspección. «Aquí nunca ha habido est pánico. Los inspectores han venido, nos han dicho lo que se tenía que corregir y lo hemos hecho. Cuando se han producido situaciones graves, se han sancionado. Pero desde septiembre, se nos están aplicando las medidas máximas que incluye la legislación y realizando una serie de imposiciones que no tienen que ver con la manipulación de los alimentos, que arruinan los negocios».
Esta asociación explica que está a favor «siempre» de la «tutela normativa sanitaria» que garantice el bienestar de los usuarios pero no «del excelo de celo, de las inspecciones sin previo aviso y de las sanciones directas sin dar opción a solucionar los problemas». Así, en los últimos meses, Rizzi asegura que a sus asociados se les ha obligado a «poner un rodapie en una instalación, que no está recogido por la ley, a pintar y volver a pintar o a retirar maquinaria que había pasado las inspecciones anteriores». Algunas de las reformas que se les exige son especialmente difíciles de cumplir para los que son arrendatarios. Si el dueño del local no quiere asumir la obra, tienen que cerrar. «La situación de miedo que se ha generado no es buena. Tras años de crisis en los que nos ha costado subsistir, un palo de 2.000 o 4.000 euros por cuestiones accesorias, puede provocar el cierre», dice.
Por su parte, el presidente del Gremi de Forners de Torrent, Toni Cuñat, explica que su sector lleva dos años sufriendo «duras inspecciones» por las que ya se quejó a la dirección general de Salud Pública, que se han agravado en los ultimos meses. «La sensación de acoso es tal que ha habido casos en que el personal ha tenido crisis de ansiedad, mientras los dueños atendían la inspección», asegura.
Aunque las quejas provienen de todos los comercios relacionados con alimentación (bares, restaurantes y cafeterías, así como panaderías, pastelerías, carnicerías, pescaderías, verdulerías y otros), son los horneros los que concentran mayores quejas. La razón es que «aquí se nos pretenden imponer medidas que no se les exige a los establecimientos de València, a cuyo gremio pertenecemos, ni mucho menos en ciudades como Barcelona, Sevilla o Bilbao». Un encuentro internacional en Feria València el pasado fin de semana, en el que participaron cerca deuna veintena de países (entre expositores y observadores) sirvió para cotejar la situación en el sector. «Se han quedado alucinados de lo que aquí se nos exige. Aquí se pretende que dejemos de utilizar la madera para la fabricación y exposición del pan y la sustituyamos por acero, lo que no es factible y no está en la normativa», se queja.
Además de los controles, los horneros protestan por el excesivo paleleo que les obligan a realizar «como si fuéramos una macroempresa de fabricación».
Multas porque una clienta cogió la fruta con la mano, aunque tenía al lado el expendedor de guantes, o sanciones porque el camarero se tomaba un café en el interior de la barra son algunas de las situaciones que describen.
En total, los diversos sectores o el propio ayuntamiento calculan que una decena de negocios ha tenido que cerrar, de los que una parte reabrió tras cuantiosas reformas y otros han clausurado su actividad para siempre, como la histórica carnicería de la ermita o el horno de la calle l'Horta. «Han preferido trabajar para otros que seguir su oficio».
Tras múltiples quejas, el concejal de Comercio, Andrés Campos, se reunió con todos los sectotes afectados y asesores del Colegio de Veterinarios y un despacho de abogados, e inició una mediación con lel departamento de salud. «El problema se produce en el criterio de interpretación de las guías que desarrollan las normativas europeas, que está siendo excesivo. La seguridad alimentaria es fundamental pero también encontrar un equilibrio entre el derecho del consumidor y la pervivencia del negocio», considera el concejal Campos.
Por ello, el consistorio organizará en las próximas semanas una serie de cursos de formación sobre legislación sanitaria y también otros sobre cómo actuar en casos de inspecciones, dirigidos a los establecimientos.
