El departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias previas, a instancias del Fiscal, por el caso de los distintos procesos de adquisición de leds que llevó a cabo el Ayuntamiento de Moncada durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Este procedimiento judicial se inicia a raíz del informe que elaboró la Sindicatura de Comptes tras auditar la gestión del ejereicio 2014 del consistorio de l'Horta Nord, a petición del nuevo gobierno salido de las urnas en 2015.
Según la cédula de notificación que el Tribunal de Cuentas remitió hace unos días al Ayuntamiento de Moncada, en el informe de la Sindicatura «se ponen de manifiesto ciertas presuntas irregularidades en materia de contratación». La Fiscalía del Tribunal de Cuentas también remite al consistorio una comunicación en la que considera que de los hechos «se puede derivar la existencia de responsabilidad contable» por lo que entiende que «las irregularidades descritas pueden dar lugar a que, en su caso, se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados».
El asunto hace referencia a los tres contratos para la sustitución de las luminarias de todo el alumbrado público de la población que suscribió el Ayuntamiento de Moncada entre 2012 y 2014. A través de tres planes diferentes, se adquirieron más de 3.800 bombillas de esta tecnología de ahorro energético, que costaron 719.644 euros. Las led llegaron a Moncada a través de tres planes o convenios con la Diputació de València, de la que era vicepresidente el entonces alcalde, Juanjo Medina, actualmente fuera de la política tras su imputación en el caso Taula.
En concreto, Moncada suscribió el Plan de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público en 2012 (239.887 euros), el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2013 (119.944 euros) y un convenio singular por 359.813 euros, en ese mismo ejercicio.
Tal y como recogió en su momento el informe de la Sindicatura de Comptes, las adquisiciones de las bombillas se realizaron a través de la central de compras de la Diputació de València, en virtud del acuerdo que había suscrito con cinco empresas adjudicatarias en el procedimiento que realizó. Fue la corporación provincial la que pagó las luces. Una de las cinco empresas era Inelcom, que fue la que suministró las bombillas a Moncada y que acabó también investigada en la trama del Caso Taula.
La Sindicatura consideró en la auditoría que no existía ningún informe que justificara la necesidad de contratar ese suministro ni estaba cuantificado el número de unidades necesarias, además de que «no existe constancia de que se hubieran pedido ofertas al menos a tres empresas de las adjudicatarias» sino que todas se encargaron a la misma firma, «sin que se justifique el motivo en el expediente». Asimismo, se incide en que «no consta la conformidad con el suministro para la última de las adquisiciones realizadas por importe de 359.813 euros».
No se colocaron 1.322
Otro dato significativo que reveló el informe es que un total de 1.322 bombillas no se instalaron pero solamente se encontraron en el almacén municipal 656 unidades, mientras que las otras 666, que tienen un valor de 109.245 euros, no se sabe dónde fueron a parar. Finalmente, la Sindicatura también ve irregular que la contabilización de todas las facturas se produjera en 2014 cuando gran parte de los suministros, por importe de 359.831 euros, se realizaron entre 2012 y 2013, «sin que haya sido explicada en el expediente esa circunstancia».
