Con la lupa judicial sobre su cabeza tras haber sido citado a declarar como investigado por la adjudicación de un contrato que el PP llevó a la fiscalía, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, aireó ayer una supuesta irregularidad en otra contratación, esta vez de un departamento que dirige Compromís, su socio de gobierno. La revelación pública del caso, en un cóctel a base de transparencia, exceso de celo, cumplir la legalidad y, tal vez, dar un toque de atención a sus colegas, supone la enésima vía de agua abierta en la embarcación del Batà en su año y medio de travesía.
El ayuntamiento emitió ayer por la mañana un comunicado en el que informaba de la reunión de la Junta de Gobierno Local para adjudicar el montaje de un máximo de 120 casetas para la Feria Comercial, Gastronómica y Asociativa que se celebra este fin de semana. El coste asciende a 45.223 euros por 115 stands. La contratación salió adelante con los votos de los tres representantes de Compromís y el apoyo de Paterna Sí Puede, mientras que los cinco ediles del PSPV, incluido Sagredo, decidieron abstenerse, tratando de desmarcarse ante una hipotética complicación judicial al respecto pero, al mismo tiempo, permitiendo que saliera adelante la firma del contrato.
Eso sucedió ayer. Pero el caso se inició el lunes, en la habitual Junta de Gobierno. Según asistentes a la reunión, Sagredo afeó a la secretaria la inclusión en el orden del día de la aprobación de la adjudicación del montaje de la feria sin que lo hubiera firmado el alcalde. Además, cuestionó la legalidad de formalizar el contrato cuando los trabajos de instalación de las casetas de la feria se estaban realizado muchos días antes. En concreto, desde el jueves 10 de mayo se empezó a descargar el material y los primeros trabajos arrancaron el pasado sábado.
Carles Martí, regidor de Comercio (Compromís) aseguró que todo estaba conforme, a falta del trámite de aprobar la adjudicación. También la secretaria aseguró que el expediente cumplía todos los requisitos. La contrata, la única que se presentó al concurso, es la misma que realizó los trabajos el pasado año. El alcalde, ante las dudas legales al respecto, decidió dejar el asunto sobre la mesa y encargó a la secretaria municipal un informe.
El martes, antes de la junta de portavoces en la que Sagredo entregó a todos los grupos el pendrive con el expediente del caso Halloween, la secretaria comunicó al alcalde el contenido del informe. La habilitada nacional detalla que todo el proceso se ha regido en base a la ley y que cuenta con el informe de fiscalización favorable. No obstante, y respecto a la «afirmación» de que «pese a no haberse efectuado la adjudicación, ni haberse firmado el contrato, la empresa ya se encuentra montando las casetas, debe señalarse que conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público no podrá iniciarse el contrato sin su previa formalización, desconociéndose las razones por las que algún responsable del contrato pudiera haber autorizado verbalmente que se iniciara la prestación pendiente de adjudicación a fecha de hoy, lo que contraviene lo dispuesto en la ley de contratos». Ante esta tesitura, Sagredo volvió a encargar otro informe a la secretaria, posponiendo de nuevo la aprobación del contrato hasta ayer, día previsto para que se inaugurara la feria. El aplazamiento obligó el martes al concejal de Comercio a paralizar el montaje.
Ayer, la secretaria mostró otro informe en el que reitera que la propuesta de la jefa del área de contratación «se ajusta a lo dispuesto» en la ley de contratos, y que «debe adjudicarse aunque se hubiese iniciado la prestación, actuación que debe corregirse en todo caso». Así, la habilitada nacional también apunta que la «actuación de hecho, irregular que al parecer determinó el inicio de las prestaciones objeto de este expediente, puede ser objeto de procedimiento con el fin de comprobar la existencia de responsabilidades».
Por todo ello, el alcalde, pese a que se aprobara la adjudicación, ordenó al concejal de Compromís «esclarecer quién y por qué ordenó el montaje de las casetas antes de que se adjudicara el contrato», y le encomendó «realizar todas aquellas actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las advertencias» de la secretaria.
Informe de subsanación
El alcalde quiso a su vez dejar patente por escrito en el acta de la junta, que una vez se produzcan «todas las actuaciones pertinentes por parte del señor Martí, la Secretaria General del Ayuntamiento deberá volver a emitir otro informe indicando, si con ellas, están corregidas o no las advertencias planteadas en varios informes solicitados por la alcaldía».
Cabe recordar que la adjudicación del contrato de los conciertos de Halloween acabó en el juzgado tras remitir el PP un escrito a Fiscalía. La juez ha citado a declarar como investigados a Sagredo y los ediles socialistas Nuria Campos y Julio Fernández, pese a que los populares cuestionaban la actuación de toda la junta de gobierno local. En este sentido, Compromís, que votó a favor de aquel contrato, no ha recibido citación alguna y pidió explicaciones públicas a su socio Sagredo por su situación judicial. Ayer, el alcalde descartaba que su actuación respondiera a una vendetta. «Hay dos informes donde la secretaria indica que se está cometiendo una ilegalidad, y yo voy a ser contundente ante cualquier atisbo de ilegalidad», sentenció a este diario.
El PP critica de nuevo los cortes
Por su parte, el PP criticó ayer por la mañana que el montaje de las casetas estuviera paralizado, cuando el corte de calles se ejecutó desde el pasado jueves.
