La entrada a l'Horta Sud por la Autovía del Mediterráneo tiene un claro referente: la torre de Espioca. Su deteriorada silueta anuncia a aquellas personas que llegan a la comarca por esa infraestructura que su destino está próximo. Su trazado ha sido un hito en el camino de generaciones y generaciones. Y desde ayer por la mañana, este Bien de Interés Cultural (BIC) está en manos del pueblo de Picassent.
Una de las estancias del consistorio acogió la firma del contrato para la constitución del usufructo por el que los dos grandes grupos de propietarios de la torre (la familia Cantos-Figuerola, que reside en Madrid, con el 49%, y la empresa Comercial Benpaes, de Benetússer, que tiene el 51%) rubricaron ayer la cesión gratuita por 50 años al Ayuntamiento de Picassent. El objetivo es que el inmueble sea rehabilitado por la Conselleria de Cultura, de forma que se evite su desaparición.
Hasta Picassent acudieron cerca de una veintena de representantes de ambas propiedades y sus asesores. El documento fue firmado ayer por la alcaldesa de Picassent, Conxa García, visiblemente emocionada, de parte del ayuntamiento, mientras que por la propiedad actuaron María del Carmen Cantos-Figuerola y Pardo-Manuel de Villena, Paloma Cantos-Figuerola Medina, que lo hacían en nombre de un montón de herederos, y el empresario José Luis Ferrando Carbonell, de Benetússer. Presenciaban el momento histórico la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, así como la concejala de Urbanismo, Lola Albert, y el edil de Cultura, Jaume Sobrevela. En el plano legal, siguieron todo el proceso de la firma y comprobación de documentos el secretario municipal Jordi Ricart y el notario Pablo Peraite.
Este último técnico explicó que el documento se incorporará a la escritura de cesión firmada previamente y al Registro de la Propiedad, como ya avanzó Levante-EMV hace semanas. Además, aclaró que el contrato recoge las condiciones de la cesión del monumento y la parcela de dos hanegadas sobre la que se levanta, aunque no habla sobre las servidumbres de paso que será necesario establecer para permitir en acceso, una vez sea rehabilitado, por lo que será necesario un documento posterior que lo detalle. Mientras dure la obra de restauración, esa servidumbre se establecerá en base a las necesidades de la intervención, aunque posteriormente se repondrán los espacios a su estado original.
El contrato de constitución del usufructo especifica que la torre de Espioca es un Bien de Interés Cultural con categoría de monumento desde 1993, según el registro del Ministerio de Cultura, aunque su protección data de 1949 por el decreto de los Castillos Españoles, ampliada posteriormente por la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. Pertenece a la tipología de edificios militares y torres defensivas propia de la arquitectora islámica del siglo XI.
Sin uso específico
La finalidad de la cesión es «facilitar la intervención en la Torre de Espioca, con el objetivo de llevar a cabo su consolidación y resturación, pero sin dotar de un uso específico a la torre, aún cuando también se va a estudiar la implantación de accesos adecuados para que el público pueda entrar de forma segura». Ello se realiza para «evitar el deterioro de los elementos que conforman la torre, evitando así la sensación de ruina y abandono actualmente existente».
El convenio incluye que la Generalitat Valenciana contrató a una firma para la redacción del «Proyecto Básico y de Ejecución, Consolidación y Restauración de la Torre Espioca de Picassent», ya elaborado, y cuenta con la dotación persupuestaria para acometerlo. El consistorio será el que se encargue posteriormente de su mantenimiento, según consta en las condiciones, y destinará la parcela que envuelve el monumento «única y exclusivamente a la consevación y consolidación, así como a llevar a cabo excavaciones arqueológicas (...) permitienddo en su caso el acceso del público» de acuerdo con la ley que regula los BIC.
Respecto a la duración de la cesión, el contrato recoge un período de 30 años que se prorrogará otros 20 a instancias del consistorio «porque es la fórmula legal adecuada para ese plazo de 50 años que pretendíamos», explicó a este diario Lola Albert.
Los ya expropietarios suscribieron en el acuerdo que dan su consentimiento para la realización de las obras que se consideren necesarias «que se realizarán bajo la responsabilidad del ayuntamiento a todos los efectos».
