EUROPA PRESS MADRID
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Profesionales sanitarios y educativos, psicólogos y asociaciones de afectados han presentado el grupo Derechos en Discapacidad Intelectual (Dedi), un nuevo organismo que tiene como objetivo "ejercer presión sobre el Gobierno" para que abandone su postura "paternalista" y facilite nuevos cauces de participación para las personas con una discapacidad mental.
Esta plataforma denuncia "el escaso respeto" manifestado por las autoridades y la sociedad ante los derechos que las personas con una discapacidad intelectual tienen para decidir sobre su propia vida. "Este colectivo reclama que se les reconozca el derecho a tomar decisiones por sí mismos, a que no se les prediseñe la vida y a que, debidamente informadas, puedan tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona", afirmaron los responsables del grupo. El problema es que, en la práctica, "se detecta un escaso desarrollo de esos derechos y una insuficiente aplicación o cumplimiento de los mismos", aseguraron.
Cerca de 300.000 personas sufren en España este tipo de discapacidad y ven como "su derecho a la información o la integración laboral se ven vulnerados" a pesar de que, en teoría, estén amparados por la legislación, explicó el presidente de Ibercisalud, Manuel Amarilla. "Con la Ley de Dependencia, el Gobierno ha empezado a demostrar cierta sensibilización hacia este segmento poblacional, pero las personas con discapacidad requieren de estrategias y cauces de participación, independientemente de que haya ayudas [cada discapacitado genera entre 2.000 y 2.500 euros adicionales de gasto por familia]."
