Italia convierte en delito la inmigración clandestina

Gloria Moreno, Roma. ep
La Cámara de los Diputados de Italia aprobó ayer con 297 votos a favor, 255 contrarios y tres abstenciones el proyecto de ley sobre seguridad que convierte en delito la inmigración clandestina. El texto, que ahora deberá ser aprobado por el Senado, ha sido fuertemente criticado por la oposición, las organizaciones humanitarias y la Iglesia católica.
La norma que ha generado más controversia es la que establece el delito de inmigración irregular. A partir de ahora los extranjeros que no tengan los papeles en regla tendrán que pagar una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. Además, la Cámara amplió de dos a seis meses el periodo que los inmigrantes sin papeles deben transcurrir en los centros de identificación y expulsión para facilitar que el proceso de repatriación se lleve realmente a término, al dar más tiempo a las autoridades para tramitarlo.
Otra de las medidas impone a los extranjeros el pago de entre 80 y 200 euros si quieren obtener el permiso de residencia. Para conseguir la ciudadanía italiana, en cambio, tendrán que pagar 200 euros.o
La nueva norma también introduce las discutidas rondas de ciudadanos, cuyo objetivo es vigilar las ciudades por la noche para combatir la criminalidad y ayudar a la Policía a localizar a los delincuentes.
La nueva ley de seguridad ha recibido una lluvia de críticas no sólo de la oposición, sino también de la Conferencia Episcopal italiana y de las organizaciones humanitarias, entre ellas, Amnistía Internacional.
Uno de los aspectos más criticados en al ley es la vinculación que se establece entre el fenómeno de la inmigración y la delincuencia.
Napolitano advierte de la xenofobia
El presidente de la República, Giorgio Napolitano, alertó ayer ante el riesgo de que, poco a poco, se vaya difundiendo "una retórica pública" con "acentos de intolerancia y xenofobia". Esto "es todavía más importante en nuestros países donde las diferencias en términos de origen étnico, religioso y cultural han aumentado", advirtió.
Con todo, el primer ministro, Silvio Berlusconi, defendió la ley y dijo que el país necesita medidas disuasivas, ya que "sino, Italia se convierte en un atracadero para demasiadas personas".