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EFE
Esto permitirá a la Fiscalía tramitar la petición de extradición para que se presenten al juicio por 63 muertes ocurridas en 2003.
Ángel Irusta, presidente del tribunal formado para el juicio contra el ex presidente, anunció su decisión hoy tras comenzar la vista para determinar las responsabilidades por la matanza del llamado "octubre negro" de 2003.
Sin embargo, la audiencia se ha suspendido posteriormente porque uno de los ex ministros imputados recusó a todos los magistrados.
La primera audiencia del juicio contra Sánchez de Lozada, sus ex ministros y el alto mando militar de la época empezó con la presencia de sólo ocho de los 17 imputados por la masacre ocurrida en octubre de 2003, durante la represión del Ejército sobre una serie de protestas sociales antigubernamentales.
Irusta declaró en rebeldía y ordenó la captura de los ex ministros de Desarrollo Económico Jorge Torres Obleas, de Participación Popular Mirtha Quevedo y de Salud Javier Torres Goitia, quienes están asilados o refugiados en Perú.
También se emitirán órdenes de detención contra los ex titulares de Agricultura Guido Áñez Moscoso, quien reside en Estados Unidos, y el de Educación Hugo Carvajal que, según información preliminar de la Fiscalía, se encuentra en España gestionando una petición de asilo.
Se ordenó, además, la captura del ex ministro de Gobierno (Interior) Yerko Kukoc, cuyo paradero se desconoce pero que hoy presentó por medio de sus abogados una recusación que frenó la continuidad del juicio mientras se soluciona ese incidente judicial.
Irusta justificó las órdenes de captura en que todos estos imputados no se presentaron a la audiencia y en que salieron de Bolivia sin las autorizaciones respectivas.
El magistrado resolvió, además, la intervención de los bienes de los ex ministros y la publicación de sus datos en medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión.
A la audiencia sí acudieron los ex ministros de Trabajo Adalberto Kuajara, de Servicios Financieros Dante Pino y de Medio Ambiente Erick Reyes Villa, además de cinco ex jefes de las Fuerzas Armadas que dirigieron la represión de las manifestaciones en 2003.
Contra la mayoría de ellos, incluido el ex presidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) pesa la denuncia de "genocidio" en su variante local de "masacre sangrienta".
El ex mandatario y sus ex ministros de Do hoy a Efe que no sabe en qué momento puede presentarse a declarar en persona o por escrito.
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