Indignación internacional ante la ´masacre´ indígena de Perú

Las críticas de organizaciones de distintas partes del mundo arreciaron hoy hacia el Gobierno de Perú por los violentos choques entre policías e indígenas en la región amazónica del país, que el viernes dejaron al menos 33 muertos en ambos bandos.

EFE Desde ese día se han sucedido las manifestaciones de repulsa por parte de distintas organizaciones en varios países (principalmente indígenas), las protestas frente a embajadas de Perú y las condenas incluso de algunos Gobiernos por lo que algunos han calificado como "masacre" de indios de la Amazonía peruana.

Hoy fueron las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional y un grupo de ONGs brasileñas las que criticaron la actuación del Ejecutivo de Alan García, mientras que los Gobiernos de México y Bélgica también hicieron pronunciamientos sobre el conflicto.

HRW pidió hoy en una carta a la Fiscalía peruana una investigación "exhaustiva e imparcial" sobre esos incidentes y puso en duda las cifras de 24 policías y nueve civiles muertos dadas por el Gobierno, ya que, según organizaciones indígenas, las bajas entre sus seguidores son de al menos 25.

Insinuó incluso que la policía peruana podría estar aprovechando "el acceso que tienen a algunas zonas durante el toque de queda para ocultar o destruir pruebas incriminatorias".

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) señaló en otro comunicado la irregular situación de los detenidos por los disturbios, que, según la Defensoría del pueblo, son 79, y pidió a sus simpatizantes que envíen cartas a Alan García para expresar "su honda preocupación por los informes sobre violaciones graves de los derechos humanos".

En Brasil, un numeroso grupo de organizaciones no gubernamentales y entidades vinculadas al Episcopado de ese país protagonizaron un acto de protesta frente a la embajada peruana en Brasilia y entregaron una carta en la que expresaron "su indignación y repudio por la masacre promovida por el Gobierno del presidente García".

También en Santiago de Chile, una decena de manifestantes se concentraron frente a la legación diplomática de Perú y solicitaron el "cese de toda forma de represión policial o militar sobre las comunidades indígenas".

En días anteriores, se registraron manifestaciones frente a las embajadas peruanas en La Paz y Managua en apoyo a los indígenas de ese país.

A nivel gubernamental, Bélgica solicitó a las autoridades peruanas una "investigación en profundidad e independiente" sobre los disturbios, condenó "todo acto de violencia desproporcionada" y llamó a las autoridades a "retomar el diálogo con la población autóctona".

En un tono más neutro, el Ejecutivo de México ofreció a través de un comunicado de la cancillería sus "condolencias al pueblo y al Gobierno de Perú" por los "trágicos acontecimientos" de la Amazonía y condenó "la violencia en todas sus formas".

También, organizaciones indígenas, campesinas y sindicales de Ecuador, Bolivia, Colombia y Guatemala acusaron al Ejecutivo de Alan García de "masacre" y "represión" contra las comunidades indias.

La organización Amazon Watch, comprometida con los derechos de los pueblos indígenas, denunció incluso que la policía peruana está haciendo desaparecer los cadáveres de los aborígenes.

Igualmente, la violencia también suscitó reacciones de algunos Gobiernos latinoamericanos.

El Ejecutivo nicaragüense ofreció asilo político al líder indígena Alberto Pizango, a quien Lima considera el instigador de la violencia y a quien acusa de homicidio, ataque a las Fuerzas Armadas, sedición y rebeldía.

Desde Caracas, la cancillería manifestó en un comunicado su "solidaridad" ante la violencia de la que "han sido víctimas cientos de hermanos peruanos, en particular pertenecientes a los pueblos indígenas y a las fuerzas del orden público".

Sin embargo, la ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, condenó lo que calificó como "genocidio" y "acto terrorista" contra los indígenas y aseguró que el Ejecutivo de García confirmó con ello "su condición de fascista".

En el caso de la vecina Bolivia, los violentos sucesos del pasado viernes sirvieron para tensar aún más las relaciones entre ambos países.

La ministra de Justicia boliviana, la indígena Celima Torrico, provocó el sábado un roce diplomático al asegurar que "el único responsable" por la violencia era el Gobierno de Perú, lo que suscitó la reacción del embajador de este país en La Paz, Fernando Rojas, que calificó estas declaraciones de "intervención" en los asuntos de su país.

Por su parte, el portavoz presidencial boliviano, Iván Canelas, criticó el sábado unas supuestas "insinuaciones" hechas por parlamentarios peruanos de que el presidente, Evo Morales, estaría vinculado con los disturbios.

Hoy, el embajador de Bolivia en Lima, Franz Solano, criticó que Lima intenta "hacer quedar mal" a su país en relación a las acusaciones iniciales de que el líder indígena Pizango había recibido asilo de La Paz.

También en el interior del país se han producido críticas hacia el Gobierno y un grupo de organizaciones de izquierda convocaron para mañana una "Jornada Nacional de Lucha" en solidaridad con los indígenas de la Amazonía.