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El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró ayer que ya ha sido "conjurado" el supuesto intento de golpe de Estado en su contra denunciado por él mismo el día anterior en el contexto de la crisis política por la intención del mandatario de celebrar una consulta popular sobre su reelección. Zelaya denunció el jueves que se estaba preparando un proceso de golpe de Estado después de que el miércoles destituyera al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, y aceptara la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, ante la negativa de las fuerzas armadas a movilizar las urnas para la consulta de mañana.
"Yo creo que ya se conjuró. Ya sí, el golpe se ha conjurado, el país está en tranquilidad", dijo el mandatario a los periodistas a la salida de la casa de Gobierno, en la que permaneció hasta la madrugada de ayer acompañado por simpatizantes.
El presidente sostiene su derecho a realizar la consulta, a pesar de que la justicia la ha declarado ilegal con el argumento de que sólo la autoridad electoral puede convocarla y de que la mayoría de los legisladores en el Congreso la rechazan.
Los opositores a la consulta acusan a Zelaya de querer perpetuarse en el poder siguiendo los pasos de su aliado, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Venezuela, Ecuador y Nicaragua expresaron el jueves su apoyo a Zelaya, quien por la tarde, acompañado por varios simpatizantes, entró en la base aérea Hernán Acosta Mejía, al sur de la capital, donde retiró las urnas y el material electoral para la consulta de hoy.
Inhabilitación
En las calles de Tegucigalpa la situación era ayer de tranquilidad relativa, con grupos de militares desplegados para proteger edificios públicos ante el peligro de que se produzcan disturbios entre seguidores y detractores de Zelaya. Por ello, el Parlamento se declaró en sesión permanente, para decidir si se inhabilita a Zelaya. Pero una comisión propuesta por el diputado opositor Ramón Velázquez, de la Democracia Cristiana, pidió durante una acalorada sesión parlamentaria más tiempo para investigar las decisiones del presidente, lo que aleja el peligro de la inhabilitación.