Un juez argentino investiga por qué se enriquecieron los Kirchner un 158% en 2008

EFE BUENOS AIRES Un juez argentino confirmó ayer que investiga si hubo enriquecimiento ilícito por parte de la presidenta argentina, Cristina Fernández, y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner, cuyo patrimonio creció el 158% el año pasado.
El magistrado federal Norberto Oyarbide indicó que "se ha comenzado el trabajo de recolección de datos" para avanzar en la investigación sobre la denuncia de enriquecimiento ilícito que hicieron en julio pasado legisladores de la opositora Coalición Cívica.
"No descarto citar al contador de los Kirchner", afirmó a los medios de comunicación Oyarbide, quien señaló que los primeros pasos de la pesquisa consisten en pedir informes a la Oficina Anticorrupción y a la Administración Federal de Ingresos Públicos del país "para que aporten declaraciones juradas de bienes" del matrimonio de los Kirchner.
El pasado 5 de agosto, Cristina Fernández aseguró sin embargo que "pocas declaraciones juradas están tan claras en internet".
La denuncia, presentada por los diputados Fernando Sánchez, Elsa Quiroz y Juan Carlos Morán, incluye a Fernández, al ex presidente Kirchner (2003-2007) y a funcionarios del Gobierno.
En el escrito presentado por los legisladores se pide a la justicia investigar al matrimonio por "la posible comisión" de los delitos "de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero".

Más de 7 millones de euros
La fortuna de Cristina Fernández y Néstor Kirchner creció el 158% en 2008, hasta alcanzar unos 12,1 millones de dólares (más de 7 millones de euros), según la declaración jurada del matrimonio difundida por la prensa de Buenos Aires. El aumento del patrimonio neto de Fernández y Kirchner responde, entre otros factores, a ganancias en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, la provincia natal del ex presidente, por un precio total de 3,8 millones de dólares.
Durante el año pasado, los depósitos bancarios del matrimonio se triplicaron, hasta alcanzar los 8,4 millones de dólares, según una declaración patrimonial presentada a comienzos de julio en la Oficina Anticorrupción.