La Cámara argentina aprueba la polémica ley audiovisual con la oposición ausente

REUTERS/EP BUENOS AIRES La Cámara de Representantes argentina aprobó la madrugada de ayer un polémico proyecto de ley de servicios audiovisuales impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández tras un intenso debate que se prolongó durante casi 14 horas y que terminó con la retirada de la oposición para no participar en la votación.
El proyecto de ley, que ha provocado el rechazo frontal de opositores y grandes medios del sector, fue aprobado por 146 votos -del oficialismo y grupos minoritarios afines-, tres votos en contra y tres abstenciones. Las principales fuerzas de oposición acordaron abandonar el recinto antes de la votación en protesta por supuestas "irregularidades"en el tratamiento del proyecto.
La iniciativa, una de las más importantes apuestas del Gobierno de Cristina Fernández, pretende sustituir a la legislación vigente desde la última dictadura militar (1976-1983) y debe todavía ser aprobada por el Senado, previsiblemente en octubre. La nueva ley creará una comisión bicameral de control de la autoridad de aplicación, un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.

No más de 10 licencias
El texto establece que una empresa no puede tener más de 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha provocado entre las empresas con intereses en el sector. También crea cupos de producción local e indica que las compañías con licencias pueden tener hasta un 30% de participación extranjera, salvo que se trate de una empresa de un país que haya firmado un tratado de "reciprocidad efectiva" con Argentina, lo que habilita una participación mayoritaria de capital de origen foráneo.
Cristina Fernández y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, mantienen una feroz pelea con el Grupo Clarín desde que sus medios informativos cubrieron de manera crítica la forma en que el Gobierno gestionó una disputa con el sector agropecuario.
La modificación reciente de una cláusula que permitía a empresas telefónicas ingresar en el mercado de televisión por cable allanó el camino del proyecto para su aprobación, al conseguir la adhesión de diputados de izquierda. Según la mandataria, la eliminación del punto ahuyentaría los temores a que las empresas telefónicas creen nuevos monopolios. No obstante, a pesar de la modificación, la oposición quiso postergar, sin éxito, la votación del proyecto hasta diciembre.