EFE DUBLÍN
Irlanda dio ayer un esperado "sí" al Tratado de Lisboa que reforma las instituciones europeas, en un segundo referéndum en el que la crisis económica actuó como acicate para que los irlandeses ratificaran un documento considerado vital para el futuro de la Unión Europea. Con el Tratado paralizado por el rechazo irlandés al texto comunitario en la consulta de 2008, la isla se había ganado la vitola de miembro díscolo, proclive a la sorpresa en las ocasiones que ha tenido para pronunciarse sobre estas cuestiones.
Siete años antes, los irlandeses ya se opusieron en un referéndum al Tratado de Niza, aunque lo acabaron aprobando en una segunda consulta popular un año después con casi un 63% de sufragios a favor. Ahora, los resultados finales del plebiscito del viernes reflejan un espectacular giro en el comportamiento del electorado, con un incremento del 20% en el bando del "sí" respecto a 2008, hasta llegar al 67,1% de apoyo, y una participación cercana al 60%.
La base europeísta está ahí. El principal problema, sostienen los observadores, es motivar a una ciudadanía superada por la fuerte militancia de los seguidores de grupos minoritarios. Por eso, quizás tengan algo de razón los que acusaban a Irlanda de haberse acomodado y crecido, hasta desplegar una actitud de desdén hacia Bruselas, por el éxito económico y espectacular crecimiento experimentado en las últimas dos década, gracias, en parte, a las ayudas de la UE.
No en vano, la "vuelta de Irlanda al corazón de Europa", en palabras de un feliz y aliviado primer ministro, Brian Cowen, tiene mucho que ver con la profunda crisis que afecta ahora al país, con índices de paro desconocidos desde los años ochenta, un sistema bancario desprestigiado y un sector inmobiliario -uno de los motores de su economía- estancado. De hecho, el mensaje durante la campaña del Gobierno y de todos los partidos políticos -excepto el Sinn Fein- así como de la patronal, los sindicatos, las grandes multinacionales y hasta la poderosa Iglesia Católica resaltaba la necesidad de mirar hacia Europa para campear el temporal.
Presión sobre Praga y Varsovia
Las instituciones europeas mostraron ayer su satisfacción y alivio por el apoyo de los irlandeses al Tratado de Lisboa en un segundo referendo, y dirigieron su presión sobre el euroescéptico presidente checo, Vaclav Klaus, para que permita la entrada en vigor del texto que aspira a reformar la Unión Europea. "Somos una comunidad, una unión, no sólo uno o dos países, sino veintisiete países, además de las instituciones europeas, y hay un principio de buena fe en nuestro comportamiento", advirtió el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso. En opinión del jefe del Ejecutivo comunitario, la ratificación final del Tratado es "una cuestión de respeto con las instituciones".
Barroso expresó su esperanza de que, "ahora que todos los estados miembros han aprobado democráticamente el Tratado", se completen "lo antes posible" los procedimientos necesarios en Polonia y la República Checa para que pueda entrar en vigor. Tras el refrendo, Irlanda podría tener completada la ratificación del nuevo tratado en un par de semanas, lo que eleva a 25, de un total de 27, el número de estados que habrán finalizado los trámites antes de la cumbre de jefes de Estado o gobierno europeos prevista para finales de octubre en Bruselas.
Klaus elude pronunciarse
Por lo que respecta al estado número 26, Polonia, el presidente de turno de la UE, el primer ministro sueco Fredrik Reinfeldt, recordó ayer que su presidente, Lech Kaczynski, se ha comprometido a terminar la ratificación de su país en breve. En cuanto a la República Checa, el primer ministro sueco confió en que la respuesta del Tribunal Constitucional checo pueda conocerse en "dos o tres semanas".
En ese plazo el alto tribunal checo debería decidir si acepta el nuevo recurso planteado por un grupo de senadores conservadores, del partido del presidente checo, el euroescéptico Václav Klaus, sobre la compatibilidad del tratado con la Constitución checa. Tras conocer el resultado del referendo irlandés, Klaus lamentó que la consulta fuera "la última oportunidad" para disentir del actual proceso de integración europea, ya que, en su opinión, no habrá más consultas ciudadanas, y declinó pronunciarse sobre cuándo firmará el documento comunitario.