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La presidencia española de la Unión Europea decidió ayer remitir la orden europea de protección para mujeres maltratadas a la Eurocámara para su aprobación definitiva pese a no contar con el apoyo de una mayoría cualificada suficiente entre los Estados miembros. En un bronco debate público, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se enfrentó con países como Alemania, Reino Unido y Austria, que querían frenar la iniciativa española por considerar que creará inseguridad jurídica entre las víctimas porque su base legal es inadecuada. "Creemos que es posible enviar ese texto al Parlamento. Creemos que eso es claramente conforme al espíritu y a la letra" de la legislación comunitaria, sentenció Caamaño en su condición de presidente.

El objetivo de la propuesta española es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade.