El proyecto de ley que reduce los beneficios salariales de policías y militares ecuatorianos, origen del alzamiento del pasado jueves, fue aprobado ayer de forma automática por la Asamblea Nacional, informó una fuente legislativa.

Como el legislativo no se pronunció sobre los puntos pendientes del proyecto de ley hasta la medianoche del domingo, la fecha límite para ello, el texto completo fue aprobado de forma automática, de acuerdo con los reglamentos de la cámara.

La normativa entrará en vigor una vez que sea publicada en el registro oficial de Ecuador. La ley reduce diversos beneficios salariales a los funcionarios públicos en general.

La Asamblea Nacional, dominada por aliados del presidente de Ecuador, Rafael Correa, había aprobado una excepción para la policía y los militares, pero el mandatario vetó esa disposición.

El pasado miércoles, 77 asambleístas votaron a favor de revocar ese veto, pero su número no llegó a los 83 necesarios, es decir, dos tercios de los escaños.

Investigación de la Fiscalía

Esa derrota es lo que motivó a centenares de policías y a un pequeño número de militares a salir a las calles el jueves y les llevó a retener a Correa durante casi todo el día en un hospital donde se había refugiado.

El fiscal general de Ecuador, Washington Pesantez, anunció ayer el inicio de una investigación por la tentativa de asesinato del presidente Correa.

En opinión del magistrado, los miembros de la Policía Nacional que dispararon contra el coche en el que efectivos militares evacuaron a Correa del hospital en el que estuvo retenido durante unas doce horas, pudieron incurrir en un delito de tentativa de asesinato contra el mandatario. Según indicó el funcionario, se analizará también la posible comisión de un delito de secuestro por impedir la salida de Correa del Hospital de la Policía Nacional donde fue trasladado tras sufrir un ataque de asfixia y resultar herido en la rodilla izquierda en el marco de las protestas. Además, los agentes policiales que el pasado 30 de septiembre se manifestaron en la capital contra la Ley de Servicio Público, podrían ser acusados de insubordinación y conspiración.