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Por las protestas

Un tercio de las gasolineras francesas no tiene combustible

"Es un problema logístico muy grave" según ha reconocido Raymond Soubie, asesor del presidente francés

 14:43  
Trabajadores en huelga apostados enfrente de una refinería.
[09/06/2012]

EFE Los problemas de falta de carburante se agravaron hoy en Francia, donde un tercio de las gasolineras no puede vender por falta de aprovisionamiento.

La Unión de Importadores Petroleros (UIP), que reúne a las gasolineras independientes, reconoció hoy que la situación ha empeorado respecto a ayer, cuando el Gobierno admitió problemas en una cuarta parte de las estaciones de servicio, y estimó que eso significa que la tercera parte carece de combustible.

La UIP, como la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP), -que agrupa a los grandes grupos del sector-, insistió en que la situación mejorará a partir de esta tarde, con la vuelta al trabajo de miles de camiones cisterna, que ayer tuvieron que parar por el descanso dominical.

La escasez de carburante no es igual en toda Francia, ya que mientras en las zonas fronterizas muchos automovilistas llenaron sus depósitos en los países limítrofes, de donde llegaron también importaciones masivas, en el oeste hay departamentos (por ejemplo en Bretaña) en los que alrededor de la mitad de las gasolineras se han visto obligadas a cerrar.

Las protestas contra el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, que debe finalizar su tramitación parlamentaria el próximo miércoles, mantienen sin actividad a las doce refinerías del país por el paro de sus trabajadores.

Siguiendo las consignas del Gobierno, las fuerzas del orden continuaron desbloqueando hoy depósitos de carburante en los que los manifestantes impedían el acceso a los camiones de aprovisionamiento.

Esta mañana actuaron en las instalaciones de Saint Pierre de Corps, cerca de Poitiers, en otro de Shell en Valence y en uno de Total en Porte les Valence.

También desalojaron a los varios cientos de huelguistas del puerto de Marsella que esta madrugada cerraron los accesos a los depósitos petroleros de la terminal de Fos sur Mer, la mayor del sureste de Francia.

Uno de los efectos de la escasez de carburante, y del tirón del consumo por un efecto de acaparamiento, es la subida de los precios, que según la ministra de Economía, Christine Lagarde, ha sido "sistemática" y de una media de dos a ocho céntimos por litro.

Lagarde, que atribuyó esas subidas a los incrementos del coste del transporte derivado de las huelgas, indicó que su departamento ha llevado a cabo más de 2.000 controles y que se han abierto 40 procedimientos sancionadores por abusos en el incremento de los precios.

La ministra cifró el coste de cada jornada de huelga -ha habido ocho hasta ahora y hay convocada otra el próximo jueves- entre 200 y 400 millones de euros, a lo que se añade el deterioro de la imagen de Francia en el exterior.

El paro afecta de nuevo hoy a los ferrocarriles, aunque menos que en los últimos días. La compañía SNCF indicó que funcionan más del 80% de los trenes de alta velocidad (TGV), en torno a dos tercios de los regionales, un 70% de los cercanías y un 60% de los trenes de noche.

Sin embargo, la pasada noche siguieron sin circular los trenes que conectan París con Madrid y Barcelona en uno y otro sentido, y tampoco lo harán la próxima noche, precisó a Efe una portavoz de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF).

El proyecto de ley que retrasa en dos años la edad de jubilación dio hoy un nuevo paso en su tramitación al ser adoptado en la comisión mixta paritaria de diputados y senadores.

El texto de la comisión paritaria será sometido a un voto mañana por el pleno del Senado y el miércoles por el de la Asamblea Nacional, y a partir de entonces se abre un periodo en el que la oposición de izquierdas podría presentar un recurso ante el Consejo Constitucional.

En este caso, y si el Gobierno impone al Consejo Constitucional el procedimiento de urgencia, tendría un plazo de ocho días para emitir un dictamen, lo que podría llevar a mediados de noviembre.

La promulgación de la ley la tendría que hacer en un máximo de quince días el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que no obstante podría pedir una nueva deliberación del Parlamento.

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