Miles de personas se manifestaron este sábado en Bretaña, en el noroeste de Francia, contra la política del Ejecutivo, en favor de las medidas por el empleo y en contra del impuesto que prevé tasar a los camiones que circulen por las carreteras francesas.
Como ya sucediera hace una semana, la concentración, que tuvo como epicentro las ciudades de Quimper y Carhaix, acabó con enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas del orden, que utilizaron cañones de agua para dispersarlos.
Según los datos de la Prefectura, los manifestantes rondaron las 10.000 personas, cifras que los organizadores elevan hasta los 30.000 participantes.
El clima de protesta viene incrementándose en Bretaña en las últimas semanas, con el telón de fondo de la tasa a los camiones que quiere introducir el Gobierno.
Ese impuesto ha catalizado el descontento, amplificado por las consecuencias de la crisis económica en una región muy afectada por el cierre de empresas ligadas al sector agroalimentario.
Todo ello desembocó en una primera manifestación el pasado sábado, que la que estallaron graves incidentes violentos entre participantes y fuerzas del orden, con el balance de varios detenidos y heridos, entre ellos un obrero que perdió una mano.
Ante ello, y con el objetivo declarado de favorecer el retorno de la calma, el Ejecutivo decidió retrasar la entrada en aplicación del impuesto ecológico, que debía haber comenzado a cobrarse el próximo 1 de enero, pero que se ha pospuesto sin fecha.
Lo cual no ha servido para hacer rectificar a los organizadores, que piden que se anule completamente este impuesto.
En la jornada de este sábado, otros colectivos de obreros, pequeños empresarios, agricultores, pescadores y otros sectores se unieron a la jornada de protesta, con una gran variedad de peticiones en favor del empleo y la regeneración económica y con el objeto común de la crítica al Gobierno.
Las organizaciones locales y el sindicato FO se manifestaron en Quimper, mientras que la mayor parte de los sindicatos nacionales, menos críticos con la tasa ecológica, lo hizo en la vecina población de Carhaix.
Las autoridades habían multiplicado los llamamientos a la calma para evitar que se repitieran los incidentes de hace una semana, al tiempo que desplegaron un importante dispositivo policial.
La manifestación se produce en un momento en el que la popularidad del Gobierno y del presidente, François Hollande, está por los suelos y cuando las relaciones de los socialistas con sus socios ecologistas están en horas bajas.
La polémica entorno a los gitanos de origen rumano y búlgaro y la actuación del ministro del Interior, Manuel Valls, erosionó el crédito de un Gobierno que pena en los sondeos.
Hollande es el presidente con menos apoyo popular desde que el jefe del Estado es elegido por sufragio universal.
El asunto de la tasa ecológica puede, además, quebrar la relación con los Verdes, que piden su entrada en vigor en virtud de los pactos de legislatura suscritos.
El Ejecutivo dio un nuevo paso atrás al atrasar su entrada en vigor, lo que ha sido leído como una muestra de debilidad.
Se trata de un impuesto que será cobrado a los camiones, tanto galos como extranjeros que circulen por los 15.000 kilómetros de carreteras francesas no sujetas a peaje.
Según sus cálculos, afectará a unos 800.000 camiones de más de 3,5 toneladas y el Ejecutivo pretende recaudar con ella unos 1.200 millones de euros anuales.
El dinero recaudado será destinado a la financiación de infraestructura de transportes y la tasa persigue también cambiar los hábitos de los transportistas, potenciando aquellos menos contaminantes.
