Las autoridades filipinas declararon el estado de emergencia en la ciudad de Tacloban en la isla de Leyte, unos 580 kilómetros al sureste de Manila, donde según cálculos de la gobernación provincial podrían haber muerto unas 10.000 personas.
En la zona también se ha impuesto el toque de queda para todos los residentes con el objetivo de frenar los saqueos y la proliferación de otros delitos después de que la ciudad, capital provincial, quedara "fuera de la ley" tras el paso del tifón Haiyan el pasado viernes.
"La gente iba a supermercados, tiendas, farmacias... Básicamente se llevaban todo lo que podía, porque no había ningún tipo de ley ni orden, y ellos necesitaban la comida y el agua", comentó a Efe Lynette Lim, cooperante de la ONG Save the Children, quien vivió el caos que se desató en la ciudad cuando llegó el tifón.
Medios locales han reportado de los continuos saqueos que pandillas de supervivientes arramplan de manera organizada con todos los efectos de provecho que encuentran en supermercados, desde comida y agua potable a lavadoras y televisiones, o turbas desesperadas que atacaron un convoy de la Cruz Roja con un cargamento de ayuda.
El portavoz de Defensa Civil, Reynaldo Balido, declaró que el restablecimiento del orden en Tacloban y otras áreas es una de las "principales prioridades".
"Ya hemos enviado un número sustancial (de fuerzas)... si es necesario se enviarán más aún", dijo Balido en una entrevista con el canal de televisión local "ABS-CBN".
Agentes de refuerzo
La Policía Nacional de Filipinas indicó que se han enviado 469 efectivos de refuerzo, de los cuales 169 forman parte de las Fuerzas de Acción Especial de Filipinas, para asegurar la paz y el orden en la región, reporta el canal "GMA".
El portavoz del Ejército filipino, Ramón Zagala, también comentó que 100 soldados de apoyo fueron enviados a la ciudad devastada para ayudar a la Policía, mientras un destacamento de 4.000 efectivos espera órdenes en una base de la vecina isla de Samar, también severamente afectada por el paso del tifón.
La falta de víveres de primera necesidad ha hecho que la situación en la población sea insostenible, a la par que miles de personas buscan y ruegan por un asiento en los helicópteros militares para abandonar la ciudad.
Declarado el estado de calamidad
El presidente filipino, Benigno Aquino, ha declarado el estado de calamidad nacional tras los devastadores efectos que ha dejado a su paso por el centro del país el tifón.
Aquino ha hecho el anuncio durante un discurso televisado a la nación tras visitar ayer las zonas más devastadas.
El presidente ha explicado, según informan los medios locales, que ha tomado esta decisión con el objetivo de acelerar las labores de rescate y de ayuda de emergencia a la población afectada, al tiempo que ha reconocido que la preparación y organización de estas tareas no está siendo fácil.
"Hemos aprobado 1.100 millones de pesos filipinos (unos 18,84 millones de euros) adicionales que se sumarán a los fondos de respuesta rápida del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo y del Departamento de Obras Públicas y Carreteras", ha anunciado.
En total, unos 18.700 millones de pesos filipinos (casi 317 millones de euros) en fondos gubernamentales de emergencia podrán movilizarse para ayudar a las víctimas y reconstruir las localidades arrasadas, ha precisado el mandatario.
La declaración del estado de calamidad nacional permitirá al Gobierno, entre otras cosas, fijar un techo en los precios en los bienes de primera necesidad y vigilar que no se cometan abusos en las ventas de este tipo de bienes así como medicinas y combustible; desbloquear fondos para proceder a reparar infraestructuras e instalaciones dañadas; o conceder préstamos sin intereses a los más afectados mediante cooperativas o organizaciones populares.
