El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rubricado su reforma para flexibilizar el mercado laboral, que entrará en vigor inmediatamente gracias a su adopción por el procedimiento del decreto ley, mientras en la calle se mantiene la contestación, aunque con algunos signos de que se desinfla.
Macron, en un acto formal de rúbrica de los cinco decretos, subrayó que se trata de concretar "un compromiso de (su) campaña importante y una reforma en profundidad, inédita, del mercado de trabajo, indispensable para (la) economía y (la) sociedad" francesa.
Entrarán en vigor "desde su publicación" en el Diario Oficial, algo que, según el portavoz del Gobierno, Christophe Castaner, debe ocurrir "en las próximas horas". Habrá otros decretos de aplicación complementarios que estarán listos antes de finales de año.
La tramitación parlamentaria, imprescindible para que el articulado sea convalidado y tenga fuerza de ley, está previsto a partir del 20 de noviembre.
El jefe del Estado hizo hincapié en que esta reforma se completará con la del aprendizaje y de la formación profesional, con la del seguro de paro -ambas programadas en los próximos meses- y con disposiciones de los presupuestos de 2018 que se darán a conocer el día 27 para "recompensar más el trabajo y el mérito".
"Es una transformación inédita de nuestro sistema social" que -aseguró- "dará más oportunidades", en particular a los jóvenes, y permitirá a las empresas "adaptarse de forma rápida" a las condiciones de su actividad.
Según el Gobierno, sus objetivos son atraer inversores, luchar contra el paro masivo y modificar las reglas laborales que "protegen muy bien" a quienes tienen un contrato estable "a costa de la exclusión completa de los demás", jóvenes y poco cualificados.
Para eso, el eje cardinal es dar primacía a la negociación dentro de la empresa, en detrimento de las normas legislativas y de los convenios sectoriales.
Sobre todo en las pymes, donde se simplifican los procedimientos para que los patronos discutan directamente -saltándose a los delegados sindicales- con los representantes de sus empleados o incluso organizando referendos internos.
En concreto, se podrá someter al voto de la plantilla (se necesita entonces una mayoría de dos tercios) algunos puntos como ciertos aspectos de la remuneración (las primas), la movilidad o el tiempo de trabajo.
Entre los puntos más polémicos está, igualmente, la fijación de un techo y un suelo en las indemnizaciones por despido improcedente, cuando hasta ahora los jueces tenían libertad para establecer la cantidad límite, con la consiguiente incertidumbre.
Los decretos facilitan los despidos por motivos económicos, sobre todo porque una multinacional podrá acogerse a esta figura teniendo en cuenta sólo los resultados económicos obtenidos en Francia, aunque a escala global tenga beneficios.
Lo mismo se podrán hacer según los departamentos de la compañía, es decir que se podrán imponer despidos económicos dentro de una rama deficitaria, a pesar de que el grupo en su conjunto no esté en números rojos.
La nueva reforma también amplía la posibilidad de crear contratos por obra y servicio a más sectores profesionales (hasta ahora se aplicaban a la construcción y la informática).
Rechazos a la reforma
La movilización contra la reforma, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT), sigue en pie, aunque este jueves dio signos de debilitamiento.
En toda Francia salieron a la calle -según la policía-, 132.000 manifestantes ("varios cientos de miles", de acuerdo con los convocantes), frente a los 223.000 de la primera jornada de huelgas del día 12, cuando los sindicatos organizadores hablaron de 500.000.
El líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, ha previsto tomar el relevo de la protesta con otra manifestación que ha convocado mañana en París mediante su movimiento, la Francia Insumisa, con la que espera asentar la idea de que es el jefe de la oposición.
A partir del lunes, el protagonismo lo cobrarán varias centrales de camioneros, que tienen intención de bloquear depósitos de combustible.
