Bulgaria asumió el pasado 1 de enero la presidencia rotatoria de la Unión Europea por primera vez desde su adhesión en el año 2007. El país comandado por Boiko Borísov forma parte de los llamados países emergentes de la Unión junto a Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Pero Bulgaria es un miembro peculiar de la UE. Es el país más pobre de los 27 y además lidera el ránking de la corrupción en el viejo continente. Tanto es así que Sofía se encuentra bajo la tutela de la Comisión Europea desde que se formalizara su entrada al bloque comunitario hace más de una década. Pese a este control central, la corrupción en Bulgaria se ha agravado en los últimos años e incluso Borísov ha sido acusado de estar involucrado en operaciones ilegales con oligarcas y crimen organizado.
En este quinteto de emergentes encontramos a varios países protagonistas de algunos de los mayores quebraderos de cabeza a los que ha tenido que hacer frente Bruselas durante el año 2017 y que a buen seguro colearán durante el presente 2018: los mecanismos de control al poder Ejecutivo, el ascenso e incluso entrada de la ultraderecha en gobiernos europeos como resultado de la desafección creciente tanto a Gobiernos nacionales como a la UE y las críticas a la gestión comunitaria de la crisis migratoria.
Democracias bajo sospecha
Dicho de otro modo, el primer punto de preocupación que plantean los países emergentes y que puede suponer un riesgo para la Unión Europea es la debilidad de sus democracias. Según el índice de calidad democrática que elabora la Economist Intelligence Unit, los países emergentes de la UE rebajaron su fiabilidad ligeramente en el último año. En 2015 obtuvieron una nota de 6,83 mientras que en 2016 se quedaron algo por debajo (6,68).
Esta erosión democrática es reflejo de lo que se conoce como «democracias iliberales», basadas en un mayor poder gubernamental, un creciente intervencionismo económico y en el aumento del control estatal sobre los contrapesos al ejecutivo. El caso más flagrante lo encontramos en Polonia. El Gobierno polaco aprobó en 2017 una reforma del poder judicial mediante la cual se autoasignaba capacidad de nombrar y despedir magistrados sin consultar previamente al sector judicial. Una reforma que no gustó a Bruselas, que tras varios avisos terminó activando el artículo 7 del tratado europeo, que podría desembocar en la retirada del derecho a voto del gigante del este. Una medida que deberá ser aprobada por unanimidad por todos los países miembros para entrar en vigor y ante la que Borísov, recién asumida la presidencia de la UE, anunció que haría lo posible para no llevarla a votación ya que «establecería un precedente muy peligroso».
Extrema derecha
Borísov es primer ministro búlgaro gracias a la coalición que forma su partido, el populista y conservador GERB, con el ultranacionalista Frente Patriótico. Una fórmula también experimentada en Austria y que no parece incomodar en demasía a Bruselas. Tanto el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, como el presidente de la UE, Donald Tusk, felicitaron «calurosamente» a Sebastian Kurz tras anunciar el acuerdo de su Partido Popular con el ultraderechista Partido de la Libertad, fundado por antiguos oficiales nazis. Bruselas se conformó con eliminar de la agenda del Ejecutivo de Viena la iniciativa de los ultras de plantear un referéndum sobre la permanencia en la UE y pasó por alto que el partido de Kurz terminara cediendo a los extremistas las carteras de Interior, Defensa y Exteriores.
Pero si algo une a estos países del este es el rechazo al reparto de refugiados establecido por Bruselas. Una negativa que les ha costado sanciones pero que a nivel doméstico parece no estar dando malos resultados. Y es que desde el desmembramiento de la URSS y la desigualdad que dejó tras él, las ofertas nacionalistas y euroescépticas son bien respaldadas en las urnas. No en vano, casi la mitad de los votos recibidos por estos partidos ultras desde 2012 tienen su origen en cuestiones culturales y demográficas. Pese a ello, Borísov no se opone a la política europea de reubicación de refugiados en la UE, incluso aunque en el ámbito político abunden los discursos de miedo o de rechazo a la inmigración. «Es uno de los pocos países excomunistas de la UE que valoran los fondos europeos, que le garantizaron un 66 % de su crecimiento desde 2007», dice un diplomático europeo desde Sofía.
Así, queda por ver si esta presidencia rotatoria servirá para dar ese lavado de cara que tanto necesita una Bulgaria que busca entrar en Schengen y en el euro y ejercer además una mediación entre el este y Bruselas o si por el contrario es un arma de doble filo que sirve como acicate para que los emergentes formen un bloque común contra Bruselas.
