Javier Gómez Muñoz, París. ep
Dos ultimátum condicionarán estas conversaciones. El primero llegó por parte del frente contrario al contrato de primer empleo (CPE), que exigió al Gobierno la derogación del contrato joven antes del 17 de abril. «Nuestro objetivo no es negociar cambios en el CPE, sino obtener su abrogación», confirmaron estos movimientos, crecidos por el éxito renovado el martes de su quinta jornada de movilización, con la amenaza de radicalizar la protesta.
El segundo vino, horas después, por parte del primer ministro, Dominique de Villepin, quien declaró en la Asamblea Nacional que asumirá «todas las conclusiones necesarias» que se deriven, «en los próximos días», de estas negociaciones. Con estas palabras, Villepin abre la puerta a una posible dimisión en caso de que se abrogue la ley del contrato joven, promulgada el pasado domingo por el presidente Chirac, y que el primer ministro defendió hasta que fue retirado por el jefe del Estado de la gestión de la crisis.
Este enfrentamiento de posiciones opuestas hace difícil prever una salida consensuada a la crisis. El grupo parlamentario del centroderecha, que lleva las negociaciones bajo la dirección, en la sombra, del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, tendrá que elegir entre volver a enfrentarse a masivas manifestaciones o asumir la dimisión del primer ministro en una situación de profunda división de las filas conservadoras.
El Partido Socialista, principal fuerza de oposición, apoyó de inmediato la petición sindical. Su primer secretario, François Hollande, declaró que «es posible terminar este conflicto con el voto de una proposición de ley antes del 17 de abril».
Mientras se producía el ultimátum de los sindicatos, el presidente Chirac reclamó una discusión «constructiva» en las negociaciones y reclamó el fin de los bloqueos de universidades.