EFE
Con 53 votos a favor y 40 en contra, los legisladores dieron su visto bueno a la elección que el presidente de EEUU, George W. Bush, hizo el pasado 17 se septiembre al designar a Mukasey como nuevo fiscal general del Estado.
La confirmación de Mukasey se produce después de que el Comité Judicial del Senado recomendara el martes la designación del ex juez federal como máximo responsable del Departamento de Justicia.
Mukasey, quien tiene un historial conservador, obtuvo entonces 11 votos a favor y ocho en contra.
Este experto en asuntos de seguridad nacional es el secretario de Justicia número 81 de Estados Unidos y el tercero de la administración Bush.
Sustituirá en el cargo a Alberto Gonzales, quien dimitió el 27 de agosto tras una gestión envuelta en la polémica por el cese de ocho fiscales federales en el 2006.
Su renuncia puso fin a los enfrentamientos que había protagonizado con el Congreso desde que llegó a Washington en el 2001.
El golpe decisivo que terminó su carrera fue el escándalo generado por el despido de los ocho fiscales federales en el 2006, que, según los demócratas obedeció a motivos políticos.
El nuevo titular de la Fiscalía General tendrá poco más de un año para dejar su impronta en el Departamento de Justicia, aquejado de baja moral y una imagen deteriorada.
El camino hacia la secretaría de Justicia no sido fácil para Mukasey, ya que el proceso previo a su confirmación en el Senado ha estado envuelto en una gran polémica.
En las audiencias ante los legisladores, se negó a opinar sobre la legalidad de la "asfixia simulada" o "waterboarding", una técnica aparentemente usada por EEUU en los interrogatorios de sospechosos de terrorismo y que organizaciones humanitarias califican un método de tortura.
Líderes demócratas en ambas Cámaras del Congreso han condenado el uso de esta técnica en la que el detenido es atado a una plancha y empujado bajo el agua envuelto en una toalla mojada para hacerle sentir que se ahoga.
Mukasey dijo que esta práctica era "personalmente repugnante", pero también afirmó que no sabía lo suficiente como para calificarla de tortura.
Los partidarios de Mukasey, que incluye a varios demócratas, argumentan que el neoyorquino es la mejor opción que los legisladores tienen en el tiempo que le queda a la administración Bush, quien no nombraría a otra persona.
Los detractores, sin embargo, achacan al ex juez de 66 años su indecisión cuando dijo no saber si la "asfixia simulada" es tortura ilegal y que ha dejado al Congreso la responsabilidad de promulgar una ley sobre esta práctica.
No obstante, Mukasey prometió en las audiencias para su confirmación en el Comité Judicial del Senado que, si se le confirma en el cargo, velará por la legalidad y los derechos civiles.
En su discurso, también hizo hincapié en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y la protección del Estado de Derecho, lo que le hizo ganar muchos puntos entre los escépticos.
Bush destaca que Mukasey es un hombre elogiado por su "honestidad, intelecto, justicia e independencia" y que Estados Unidos le necesita como fiscal general "en tiempos de guerra.
El nuevo fiscal general del Estado es una elección anómala para Bush pues no procede del círculo de asesores cercanos del presidente cuando era gobernador de Texas, como Gonzales.
Antes de ser nominado para el cargo de secretario de Justicia trabajó para el bufete de abogados Patterson Webb & Tyler en Nueva York y fue asesor legal del postulante republicano a la presidencia de EEUU Rudolph Giuliani.
El juicio más famoso del que estuvo a cargo terminó con la condena de Omar Abdel Rahman, un clérigo egipcio sentenciado en 1996 a cadena perpetua por un complot para atentar tres años antes contra las Torres Gemelas de Nueva York.
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