EFE
Desde que Chávez anunció en agosto su propuesta de cambiar 33 artículos constitucionales, ampliados luego por la Asamblea Nacional a 69, se han elevado en Venezuela las voces en contra de esta revisión de la Constitución vigente, que promovió el propio presidente y fue aprobada en consulta popular en 1999.
Frente a la afirmación del gobernante de que la reforma se hace para el pueblo, los adversarios del proyecto consideran que Chávez pretende con estos cambios perpetuarse en la Presidencia y acaparar más espacios de poder.
Los partidos de oposición fueron los primeros en expresar su rechazo a la reforma, aunque sin hallar una respuesta unida respecto a qué estrategia seguir ante el referendo del 2 de diciembre en el que el texto será sometido al veredicto de los electores.
Se han sucedido las intervenciones de los dirigentes opositores con llamamientos a protestas en la calle por parte de los sectores más radicales, como el minoritario Comando para la Resistencia, o del alicaído partido Acción Democrática (AD-socialdemócrata), y al boicot de las urnas.
Por su parte, el partido Un Nuevo Tiempo, cuyo líder, Manuel Rosales, obtuvo un 37 por ciento de votos en las presidenciales de diciembre de 2006, ha llamado a participar en la consulta y votar "no" a una iniciativa que califica de "abusiva e innecesaria".
Rosales, gobernador del estado petrolero de Zulia, ha insistido en que los electores deben "espantar el miedo" e ir a las urnas para rechazar un texto cuya aprobación, en su opinión, supondría "la destrucción de la soberanía popular".
Según el ex candidato presidencial, la oposición debe "jugársela completa" para evitar que se instale "un presidente vitalicio".
El partido de Rosales solicitó aplazar la consulta popular, como también lo hizo Podemos, formación política de izquierda hasta hace poco considerada "pro-chavista", que inició su alejamiento del oficialismo cuando Chávez propuso integrar a los partidos que le apoyan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El secretario general de Podemos, Ismael García, llamó a votar masivamente en contra de la reforma con el argumento de que los cambios impulsados por Chávez "violan" principios democráticos.
García afirmó que los artículos sobre una "nueva geometría del poder" y la inclusión del "Poder Popular" en la Carta Magna acaban con la democracia, porque permitirían al presidente designar "a dedo" a las autoridades de los territorios federales y delegarían en "asambleas" y no en el "sufragio universal, directo y secreto" la toma de decisiones.
El diputado de Podemos, partido con siete representantes en la Asamblea Nacional -de 167 diputados, todos oficialistas-, también criticó la actitud del Tribunal Supremo, que rechazó las acciones contra la reforma y el referendo, y ha dicho que fallará sobre el "fondo" de la propuesta después de la consulta popular.
Podemos considera que la magnitud de los cambios propuestos requería la convocatoria de una Asamblea Constituyente y ha reiterado que la mayoría de la población desconoce el proyecto, por lo que considera necesario posponer el referendo para 2008.
También ha pedido a Chávez retirar su propuesta y convocar una Constituyente el general en jefe retirado Raúl Isaías Baduel, ministro de Defensa hasta el pasado mes de julio.
Considerado el artífice de la vuelta al poder de Chávez tras su breve derrocamiento en abril de 2002, Baduel sorprendió el pasado 5 de noviembre al comparar la reforma con un "golpe de Estado".
"Los ciudadanos deben acudir de manera cívica" al referendo, porque el voto "es el arma que tenemos para evitar este fraude constituyente en marcha", dijo Baduel, al que Chávez acusó, a raíz de ello, de "traición".
A los rechazos y críticas se sumaron los estudiantes opositores, que han vuelto a manifestarse en la calle como lo hicieron en mayo y junio, cuando la cadena privada de televisión RCTV dejó de emitir en abierto al negarle el gobierno la renovación de su licencia.
Las cúpulas empresarial y comercial, y también el Episcopado, se han pronunciado asimismo en contra del proyecto de cambios constitucionales con el alegato de que es "antidemocrático" y que otorga poderes "imperiales" al presidente venezolano.
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