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Robar la vida

Una campaña internacional contra el despojo denuncia la usurpación por
la fuerza de las tierras que sufren los campesinos en Colombia

 
Adelso José Gallo, en un momento de la entrevista concedida a Levante-EMV.
Adelso José Gallo, en un momento de la entrevista concedida a Levante-EMV.  abelard comes

AMAT SAPENA VALENCIA "Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerle de ello con violencia" Así denomina el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el término despojar, una práctica lamentablemente habitual en Latinoamérica. Adelso Gallo es un campesino colombiano que encabeza la Campaña contra el despojo, por la soberanía, la autodeterminación y la permanencia en el territorio, una iniciativa que pretende erradicar la usurpación por la fuerza de las tierras a sus propietarios. "No sólo se arranca la tierra al campesino, se le arranca la dignidad y muchas veces hasta el derecho a la vida", afirma.
"En Colombia el capital multinacional, con el permiso del Gobierno, lleva a cabo este tipo de acciones. Y el Estado, además, aprueba una legislación que las favorecen: la Ley de aguas, la de páramos, la de justicia y paz, normas para favorecer a las multinacionales. Todas esas leyes al final permiten la explotación de los recursos violando la legislación ancestral de los pueblos indígenas". Gallo denuncia que "la Ley de justicia y paz se hizo para perdonar a los violaron los derechos de los campesinos. Diez millones de hectáreas robadas para los megaproyectos de multinacionales, 50.000 desaparecidos, más de 5.000 casos de muertes extrajudiciales. Esa ley permite perdonarse entre si y la máxima pena es de 8 años para este tipo de delitos".
Esta situación de impunidad ha obligado, según Gallo, a que "el 75% de los campesinos estén desplazados a las ciudades por las amenazas que sufren si siguen en sus tierras. Una multinacional dedicada a la extracción de oro ha pedido al Gobierno de Colombia el 11% del territorio nacional, es decir 13,2 millones de hectáreas. Para explotar el petróleo se han solicitado 19 millones de hectáreas. El paramilitarismo ha sido contratado para controlar y lograr que el campesino abandone sus tierras. Y así se explica que haya cinco millones de desplazados internos y cuatro millones de colombianos que han salido del país. Y el campesino que ha de irse a una ciudad ha de iniciar una vida muy difícil porque no tiene preparación ni estudios, no es su hábitat. No hay derechos ni justicia, no saben dónde acudir ni hay sitio dónde quejarse. Colombia tiene oro, petróleo, minerales..., decenas de recursos por explotar y decenas de multinacionales que los quieren explotar. El Gobierno quiere que sea un país minero pero Colombia es agrícola. Y tratan de implantar un sistema consumista pero el problema es que el campesino no puede acceder por falta de recursos".
Adelso Gallo querría para Colombia un modelo como el que aplican "países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, un sistema que ha nacionalizado empresas para ponerlas a disposición del pueblo. En Colombia es al revés, allí se ha impuesto el neoliberalismo". El líder campesino denuncia que la comunidad internacional ignora el problema de despojo en América Latina. "Ya hemos comprobado que los gobiernos no van a hacer nada por Colombia ni por Latinoamérica. Otra cosa distinta son las ONG, sindicatos, organizaciones sociales. Un ejemplo es la Red europea de hermandad y solidaridad con Colombia, colectivos de varios países que nos apoyan. Esto nos hace resistir, tenemos más que ganar que perder".
Gallo es presidente del consejo de administración de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare en la provincia de Arauca, creada hace 46 años por campesinos, indígenas y sindicalistas y que ha sido un freno para la práctica del despojo en esta zona. "Producimos, transformamos y comercializamos, pero además tenemos colegios y un proyecto de universidad intercultural para formar gente que desarrolle y proteja las características de la región. Nació con 25 asociados y ahora ya somos 6.000 campesinos. Hemos podido controlar la especulación y lo que vendemos son productos sanos y legales. El Estado no puede bloquearnos".

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