El Levante UD estaría en condiciones societarias de soportar el golpe financiero y deportivo que supondría un hipotético descenso a Segunda división. Esa es una de las conclusiones que se extrae de la aprobación ayer por parte del consejo de administración de las cuentas del pasado ejercicio, con unos beneficios que superan los 5 millones de euros. El presupuesto para la presente temporada, que se aprobará en la junta de accionistas programada para el próximo 15 de diciembre, estima unos beneficios superiores a los 10 millones de euros, un aumento originado por la llegada del nuevo patrocinador y el ingreso del traspaso de Keylor Navas.

La contención del gasto en los fichajes de esta temporada, en los que no se pagó ni un sólo céntimo en concepto de traspaso, no tuvo un efecto popular, por el contraste con la millonaria salida del guardameta costarricense, y el crecimiento del club en otros campos, como el número de abonados, la firma como patrocinador técnico de Nike, el acuerdo con East United para esponsorizar la camiseta (que reportará 700.000 euros sólo este año) o los derechos de televisión, el gran baluarte, y que cubren el 60 % de los ingresos. No obstante, esa política económica permitiría en versión del club poder soportar una caída a Segunda División, un supuesto que desde el regreso a la máxima categoría en 2010 se había visto como un escenario catastrófico por las cargas de pago previstas y que, desde la firma del convenio de acreedores, se han rebajado sensiblemente.

El coste cero en los fichajes y la reducción de la deuda hasta los 32 millones permiten tener un colchón, un plan B para subsistir si no se lograra la permanencia.

Cabe recordar que la venta de jugadores „salvo que se ejecute cláusula, el club recauda directamente sólo 650.000 euros„ ha ido enjugando hasta su liquidación el crédito ordinario con un año de antelación y que ascendía a los 20,6 millones. El crédito privilegiado, dividido en el especial y el general y por el que el Levante UD hipotecó su estadio como garantía, también está controlado. La deuda bancaria de 17,5 millones está refinanciada a veinte años, mientras que en la general, relativa a la Agencia Tributaria, se cubrirá la deuda del IRPF de 12 millones mientras que el resto, unos ocho millones, se aplazan hasta el año 2019.

Dos semanas antes de la junta de accionistas, se reunirá la Comisión Ejecutiva de la Fundación, hacia finales de noviembre y, siete días después, el patronato que oriente el sentido del voto de la Fundación.