Ante unas cuentas «saneadas» y un presupuesto «conservador», según el consejo de administración del Levante UD, los accionistas del club aprobaron anoche por una aplastante mayoría (más del 95% de los votos) los balances de la entidad. Lo hicieron en una Junta caldeada en la que sobrevoló el fantasma de Robert Sarver. El presidente, Quico Catalán, respondió a más de una decena de intervenciones, muchas de ellas cargadas de preguntas sobre la no venta al magnate, el funcionamiento de la Fundación Cent Anys, la influencia de Catalán sobre ella y las heridas abiertas por el fallido proceso de venta.
El primero en abrir fuego fue Valentín Serrats, representante del Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM), quien acusó a Catalán de haber terminado con la paz social granota, de haber omitido información sobre una segunda oferta de Sarver e incluso llegó a poner en duda la legalidad de su contrato, con una retribución de 217.000 euros anuales. «El dar una opinión o defender una postura no significa que no esté generando paz social. Fue una posición de absoluto rigor, desde el conocimiento del presente, pasado y futuro del club. De todos los datos económicos que pueden venir, que son interesantes. La posición de Quico Catalán fue de absoluta independencia, de uno más en el patronato. Si ha habido un proceso transparente, donde el accionista minoritario, las peñas, los veteranos y las instituciones han estado informados es el proceso desarrollado por la Fundación con la oferta de Sarver», señaló el mandatario azulgrana ante los representantes de más de 103.000 acciones. Poco después, añadió que el «vivir o morir» del Levante UD «ha estado en manos de la Fundación y eso es más trascendente que vender».
Catalán defiende su plan
Además, Catalán puntualizó que el plan de negocio de Sarver vino dado por la información de los proyectos con los que trabaja el actual consejo y remachó que, una vez cerrada la votación sobre la oferta, zanjó toda comunicación con el inversor. Eso sí, reconoció los 217.000 euros de su sueldo y dejó en manos del secretario del consejo, Jorge Lucas, su explicación legal. Respecto a la Fundación, Catalán insistió en que nunca ha intervenido en su comisión ejecutiva, que es patrono porque se lo pidieron y que no ha querido participar en las reuniones para cambiar los estatutos para mantener su «independencia».
Asimismo, explicó que, ante un posible descenso a segunda, el club mantendría su «estabilidad» gracias a la ayuda de 15 millones de la Liga y a que todos los jugadores, excepto uno, rebajarían su salario un 50%. Por otro lado, reveló que no hay nada detallado sobre el proyecto de reforma del estadio (cerramiento de la fachada) y se comprometió a atender personalmente a los accionistas una tarde cada dos meses en las oficinas del club.
Por último, la Junta fijó en ocho (el presidente más siete) el número de consejeros, ya que la baja de Tomás Pérez, anterior vicepresidente, no se sustituirá hasta que finalicen los cambios en los estatutos de la Fundación, órgano que designa a los miembros del Consejo.
