La finca de la partida Ràfol de Calp que en 1999 el ayuntamiento ocupó ilegalmente es un pozo sin fondo. El consistorio lleva gastado un dineral en obras que no sirvieron para nada (300.000 euros costó construir allí un recinto ferial) y en pleitos perdidos y daños y perjuicios abonados a los propietarios. Y la factura amenaza con engordar mucho más.

Ahora los propietarios „la familia Palomar„ reclaman al ayuntamiento que los indemnice con 476.195 euros por quedarse de brazos cruzados en la expropiación. Ayer presentaron el escrito para que se inicie el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Advierten del «retraso deliberado e ilegítimo del expediente de expropiación durante tres años y siete meses».

También precisan que el consistorio les ha ocasionado un «daño emergente» al mantener la finca, de 15.562 metros cuadrados, como suelo no urbanizable de uso dotacional cuando, al estar urbanizada, debería ser suelo urbano. Esa situación urbanística, sostienen, les ha impedido obtener una licencia para uso comercial y sacarle algún rendimiento a un terreno que está muerto de risa.

El actual gobierno de Calp (PP e Independents-Els Verds) también ha patinado en este conflicto. En junio de 2012, declaró la caducidad de la expropiación. Pero el juzgado de Alicante anuló esa caducidad y vio «desviación de poder» de un consistorio que primero recurrió esa sentencia, pero luego ha desistido. Por tanto, la única salida posible era pedir justiprecio al Jurado Provincial de Expropiaciones.

La valoración es una incógnita. Los propietarios tasaron la finca en 2,4 millones. Está urbanizada y, en la sentencia que calculaba la indemnización por la ocupación ilegal, el perito la equiparó al aparcamiento de un aeropuerto y consideró que el rendimiento económico que se le podía sacar al año era de 132.791 euros. Mientras, el pleno, cuando era alcalde Ximo Tur, del Bloc, aprobó una tasación de poco más de 53.000 euros.

Los propietarios, si el ayuntamiento rechaza la reclamación de responsabilidad patrimonial que presentaron ayer, están dispuestos a acudir al contencioso. Además, advierten de que la indemnización deberían abonarla los concejales y funcionarios «implicados en las actuaciones administrativas ilegales». En esa lista, según el escrito presentado por la familia, estarían el exmunícipe Ximo Tur; el que fue su edil de Urbanismo, José Perles; el actual alcalde, César Sánchez, y su concejala Ana Sala.