La familia Arlandis, de Benissa, salvó en enero de 2014 in extremis el desahucio. Funcionarios del ayuntamiento llegaron a desatornillar la cerradura. Estaban decididos a tomar posesión de la casa, que el consistorio quería demoler para ampliar una calle. Pero los propietarios salvaron con un último recurso judicial lo que parecía inevitable. Ahora, el juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante les ha dado la razón. La familia hizo bien al casi atrincherarse en su vivienda cuando el desalojo se presumía inminente.
La sentencia revoca el PAI que preveía echar abajo la casa. Da la razón a los propietarios, que, cuando el ayuntamiento pretendió desalojarlos, ya advirtieron de que el Tribunal Supremo había anulado en mayo de 2013 el Plan General de Benissa y, por tanto, este programa urbanístico quedaba revocado.
El juez aclara que el ayuntamiento, gobernado por el PP, se aferró al argumento de que los actos ya aprobados eran firmes, pese a que el PGOU ya no tuviera vigencia legal. Sin embargo, el magistrado precisa que este PAI, que prevé la ampliación de la calle Calp, que ahora es un embudo y dificulta la conexión con la travesía urbana de la N-332, estaba recurrido por la familia. Eso significaba que el programa urbanístico no era firme. La sentencia condena, además, a costas el consistorio.
La familia también apeló entonces a motivos más personales y sentimentales. La vivienda cuenta, según su ficha catastral, con 115 años. Forma parte de la historia de los Arlandis. El gobierno del PP dio luz verde a su expropiación forzosa en octubre de 2013. Tasó la vivienda, de 175 m2 construidos, en 115.761 euros.
