El técnico de Normalització Lingüística de Dénia, Josep Andrés Torres, acabó en la calle por hacer su trabajo. En enero de 2012, la alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, del PP, lo sancionó sin empleo ni sueldo durante 15 meses (la sanción implicó su despido) por realizar, a petición de un edil del Bloc, un informe sobre el uso del valenciano en las señales comerciales. En los carteles no aparecía ni una palabra en valenciano y, además, numerosos topónimos estaban mal escritos. Pero la alcaldesa entendió que el funcionario, al pasarle el informe crítico al concejal del Bloc, incumplió el deber de guardar sigilo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado el despido.
La sentencia, que obliga a reincorporar al técnico de Normalització a su plaza y a abonarle los salarios que ha dejado de percibir desde 2012, no ve ninguna irregularidad en el hecho de que el funcionario entregara al concejal del Bloc el informe que advertía de que el ayuntamiento había incumplido la Llei d'Ús del Valencià. Precisa que «es obvio»que la información que contenía ese informe no era reservada ni sensible.
El fallo incide en que el informe no desvelaba asuntos que fueran ajenos a este técnico. También aclara que el solicitante del dictamen no lo utilizó luego (lo hizo público en una rueda de prensa) para beneficiar a terceros.
El TSJ también rechaza que el uso del informe supusiera un perjuicio al interés público. «Se cuestiona su contenido porque era crítico, pero no porque fuera ilegal», matiza el tribunal, que ve claro que el gobierno local, entonces formado por PP y Centre Unificat, se pasó de frenada. «No se puede confundir el interés público con el interés del equipo de gobierno», indica la sentencia.
El tribunal sostiene también que el hecho que el edil del Bloc hiciera público el informe «no puede imputarse» al técnico ni significa que éste actuara de forma negligente.
Por tanto, la sentencia concluye que el funcionario no faltó a su deber de sigilo ni incumplió la discreción que le exigía su cargo. El TSJ revoca las sanciones disciplinarias y el despido.
El informe del técnico advertía de algo que saltaba a la vista. La cartelería de la campaña municipal Dénia Shopping desterraba el valenciano e incurría en errores ortográficos y de topónimos. El funcionario señalaba que el ayuntamiento en esos rótulos turísticos y comerciales había incumplido la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià y varias disposiciones legales de la Generalitat sobre la promoción del valenciano. El propio Síndic de Greuges había exigido al consistorio que «con carácter preferente» utilizara el valenciano en las señales municipales.
