El Ayuntamiento de Xàbia le ha perdido el miedo a los pleitos urbanísticos. Acaba de salvar uno muy complicado y en el que la indemnización que le exigía la otra parte, la familia Dupois, llegó a la mareante cifra de 10,6 millones de euros. Ahora el Supremo le ha dado la razón al consistorio, que recuperará los 2,8 millones que, tras una sentencia de 2009 del Tribunal Superior de Justicia, tuvo que pagar a los Dupois, propietarios de 95.216 metros cuadrados de terreno en el bosque de les Capsades. Esta familia acudió a los tribunales hace diez años. Esgrimió que el ayuntamiento debía expropiarle ese suelo dado que se había protegido en el PGOU de 1990 (se catalogó como sistema general de parques y zonas verdes). Tenía la Ley Urbanística Valenciana (LUV) de su parte. El ayuntamiento se negaba a expropiar. Alegaba que la Ley del Suelo, de ámbito estatal, solo obliga a la administración a quedarse el suelo desclasificado si era urbano o urbanizable pero cuando antes se hubiera presentado un programa. Estos terrenos eran urbanizables no programados; los propietarios no habían presentado antes un PAI.
El ayuntamiento ha nadado a contracorriente hasta ahora. El jurado provincial de expropiación y el TSJ concluyeron que el consistorio si debía expropiar. La primera instancia tasó los terrenos en 3,3 millones y la segunda en 4,5. Ninguna de las partes quedó contenta. Los propietarios, que reclamaban 10,6 millones, y el ayuntamiento, que insistía en que la expropiación era nula, apelaron al Tribunal Supremo. Pero, mientras, el TSJ rechazó la suspensión cautelar de pagar la indemnización que planteó el consistorio, al que en 2010 le tocó rascarse el bolsillo y resarcir a los dueños con 2,8 millones.
Los propietarios tenía el viento a favor. Incluso se aprovecharon de un error en la ponencia catastral de 2005 (ponencia anulada por el Supremo en 2012), que calificaba estos terrenos como urbanos. La familia, que hasta entonces nunca había pagado el IBI, abonó un recibo para que quedara constancia de que el valor del suelo en esta zona estaba por las nubes.
Ahora, sin embargo, el Supremo le ha dado la razón al ayuntamiento y ha anulado la expropiación. La ley estatal prima sobra la LUV. Los propietarios deberán devolver los 2,8 millones. La sentencia es firme y crea doctrina. Puede librar a muchos consistorios de embarcarse en onerosas expropiaciones.
El alcalde de Xàbia, José Chulvi, del PSPV, que ya estaba en el cargo cuando la hacienda municipal se quedó tiesa al adelantar los 2,8 millones, subrayó ayer que este fallo refuerza la política urbanística de su corporación. Defendió que no hay que plegarse a las presiones de promotores que amenazan con acudir a los tribunales para arrancarle al ayuntamiento indemnizaciones millonarias. El ayuntamiento, está visto, ha ganado un pleito y una fuerte inyección de autoestima urbanística.
