16 de febrero de 2016
16.02.2016
Tribunales

El exalcalde del PP de Calp, otra vez en el banquillo

El juez aplaza a abril al faltar un acusado el juicio por el alquiler encubierto de un piso de una exedil popular al consistorio

16.02.2016 | 04:15

El exalcalde de Calp, Javier Morató (lo fue por el PP aunque luego acabó sus días en política en Alternativa Popular, partido que él mismo fundó), se sentó otra vez ayer en el banquillo de los acusados. Condenado en firme por fraude fiscal hace un año, el munícipe entre 1995 y 2007, acudió ayer a Benidorm al juicio por el alquiler encubierto de un piso propiedad de su concejala Linda Townsend al propio ayuntamiento. Townsend también estuvo ayer en Benidorm. Entró en la sala en silla de ruedas, ya que recientemente ha sido operada de una rodilla. Mientras, el otro exedil del PP acusado, Juan Vicente García, que era responsable de Sanidad cuando el gobierno de Morató pagaba el supuesto alquiler fraudulento, no pudo acudir al juicio por enfermedad.

El juez, al faltar este acusado, decidió aplazar la vista al próximo 15 de abril. Para entonces, García debería estar en condiciones de asistir, aunque, al parecer, sufre una dolencia grave que le mantiene desde hace años de baja.

Los otros dos acusados son el matrimonio amigo de Townsend,que presuntamente se prestó a hacer de intermediario para enmascarar que la edil alquilaba el piso (el arrendamiento se mantuvo desde 2005 a 2009) al ayuntamiento, lo que por su condición de cargo público no podía hacer. Pero al juicio sólo acudió el marido, ya que su esposa ya ha fallecido.

Estos hechos los denunció en 2009 el PSPV de Calp. Descubrió que cada mes el pleno aprobaba una factura con reparos que subía a 600 euros. Era el alquiler que el ayuntamiento pagaba a un matrimonio británico por alquilar el piso donde se alojaban los médicos del centro de salud. Pero los cónyuges eran, a su vez, inquilinos. El apartamento, situado en la urbanización de la Manzanera, pertenecía a la entonces concejala Linda Townsend.

El juicio ha tardado una eternidad. El Fiscal pide ocho años de inhabilitación para Morató y los dos exediles y cinco para el supuesto intermediario en el alquiler. Al tiempo, reclama a Townsend que devuelva los 16.800 euros que ingresó del supuesto alquiler amañado.
Entre los testigos, figura el interventor municipal, quien, en un informe de 2009, advertía de que no existía contrato de arrendamiento y de que la concejala tenía incompatibilidad para alquilar una vivienda de su propiedad al consistorio. Pese a que el pago del alquiler le supuso un perjuicio a las arcas del ayuntamiento, el actual gobierno (el PP está en coalición con Alternativa Popular y Gent de Calp), no se ha personado como acusación particular.
Javier Morató también está imputado por el caso Brugal.

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