La gasolinera del Poble Nou de Benitatxell, construida hace 25 años en suelo no urbanizable, es todavía hoy materia inflamable. El alcalde, Josep Femenia, de Red, reveló ayer, acompañado de sus socios de gobierno (PP y Pideb), que el dueño de ese negocio, Fernando Tomás, lo ha denunciado por presunta prevaricación y enemistad manifiesta. Femenia atribuyó la querella a «una represalia» dado que él destapó en septiembre de 2014 que este empresario le había ofrecido un soborno. El munícipe acudió entonces a la Guardia Civil. «Si no lo hubiera hecho, habría incurrido en un delito», sostuvo ayer.
La causa del soborno va adelante y Tomás está imputado. Pero su denuncia contra el alcalde también hace camino. El Fiscal le ha dado curso y ha llegado al juzgado número 3 de Dénia. Femenia ha presentado recurso y pide el archivo. «No tiene ningún recorrido», sostuvo ayer.
El alcalde subrayó que debía «dar la cara» y dejar claro que esta causa es «meramente administrativa» y no hay «ni la más mínima sombra de corrupción». Recordó que él mismo ha impulsado la aprobación en el pleno de varias declaraciones institucionales contra la corrupción. «Pero esto es el mundo al revés», advirtió, tras explicar que está imputado (ahora investigado) por haber cumplido la sentencia del TSJ que obligaba al ayuntamiento a demoler parcialmente la gasolinera y por denunciar al empresario cuando supuestamente le ofreció 50.000 euros a cambio de que aprobara la reclamación de responsabilidad patrimonial por la que Tomás exige al ayuntamiento 450.000 euros.
El propietario de la gasolinera no ha renunciado a esa indemnización y, de hecho, la reclama en un escrito que ha presentado en el ayuntamiento. «Pero no tiene ninguna justificación», advirtió Femenia, que avanzó que el consistorio no le va a abonar «ni un euro». «No hemos impedido que el empresario siguiera vendiendo gasolina y no hay lucro cesante».
Este conflicto es todo un galimatías. La gasolinera se construyó hace 25 años en suelo no urbanizable. Los dueños de otra estación de servicio situada en la misma carretera, pero ya en el término vecino de Xàbia, pleitearon contra la licencia de obra. El TSJ les dio la razón en 1996. Luego ordenó al ayuntamiento que demoliera parcialmente la instalación. Sin embargo, como nadie recurrió la licencia de actividad, ésta sigue en vigor. En 2012, Femenia, que ya era alcalde, cumplió el fallo del TSJ. Luego el Supremo avaló las obras de derribo, que incluían desmantelar la conexión de agua. Ahora el empresario sostiene en su denuncia que se le niega ese enganche. El alcalde defendió que, por sentencia, no se puede dar a la estación de servicio suministro de agua.
El dueño de la gasolinera también acusa al munícipe de denegarle licencia para levantar un muro de construcción. Femenia aseguró que ese permiso sí se le otorgó tras firmar una declaración responsable y concretar cómo iba a realizar esos trabajos.
