La concejala de Ordenación del Territorio de Calp, Ana Sala, del PP, no se ha salvado de acudir a declarar al juzgado de Dénia el próximo día 17. La edil debe comparecer ante el juez en calidad de investigada por presunta prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y falsedad documental.

Sala pidió el pasado 26 de mayo al magistrado que suspendiera su declaración. Alegaba que coincidía con la campaña electoral y que era «previsible la divulgación mediática». Solicitaba que, «para evitar la posible utilización política» de la declaración y el «perjuicio en las expectativas electorales» del PP, se anulara y se volviera a señalar para después de los comicios.

La petición de la edil no ha hecho camino. Los denunciantes, una familia a la que el Ayuntamiento de Calp en 1999 (entonces era alcalde Javier Morató, también del PP) ocupó ilegalmente un terreno para montar una carpa de ferias y eventos, se opusieron a la suspensión. No entendían que esta causa se retrasara «indebidamente» por «la mera conjetura» de la edil de que su paso por el juzgado pudiera lastrar el resultado electoral de los populares.

El juez rechaza la suspensión

El juez tampoco ha visto ningún motivo para retrasar la declaración de la edil popular. Por esta denuncia, también deben acudir al juzgado como investigados el excalde Ximo Tur, del Bloc, así como tres técnicos municipales.

Los propietarios de los terrenos (15.563 metros cuadrados de la partida Ràfol) les acusan de retrasar deliberadamente una expropiación a la que el ayuntamiento, por sentencia judicial, está obligado. También consideran que han maniobrado para rebajar el precio real del solar. La familia y el ayuntamiento, de hecho, mantienen un litigio por el justiprecio.