La política laboral del alcalde de Calp, César Sánchez, del PP y, a su vez, presidente de la Diputación de Alicante, ha sufrido un revés de aúpa. El Tribunal Supremo le ha dado la razón a 14 de los 56 trabajadores que el gobierno del PP despidió en 2011. El pleito lo han ganado los empleados que han llegado hasta el final, hasta la última instancia judicial. Son 14. Los otros desistieron.

Los despidos fue la medida más polémica de un Sánchez que acababa de llegar a la alcaldía. Quería aligerar el gasto de personal y metió la tijera en la plantilla de trabajadores indefinidos no fijos. Amortizó 56 plazas. Los empleados recurrieron y una primera sentencia del jurado de lo social de Benidorm le dio la razón al ayuntamiento. Sin embargo, luego el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reconoció en parte las demandas de los empleados. Falló que tenían derecho a recibir una indemnización de 8 días por años trabajado.

Muchos de los trabajadores desistieron de continuar la vía judicial. Sólo 14 porfiaron. Y ahora han ganado la batalla. El Tribunal Supremo les da la razón. Sostiene que el consistorio no los podía cesar sin más, sino que debió seguir al trámite del despido colectivo. La sentencia declara nulos los despidos. Obliga al ayuntamiento a readmitir a los trabajadores y a pagarles los salarios que han dejado de percibir desde 2011.