El desconcierto cundió ayer en el equipo de gobierno de Calp (PP e independientes). Compromís y PSPV llevaron al pleno dos mociones que coincidían en que los concejales que en 2011 aprobaron el despido de 71 trabajadores municipales deberían ahora rascarse el bolsillo y pagar la indemnización millonaria de aquel fiasco. Ahora el Tribunal Supremo ha concluido que esos despidos fueron nulos. Pero sólo 14 empleados han pleiteado hasta el final. Son los que el ayuntamiento debe readmitir ahora y pagarle todos los salarios que han dejado de percibir desde que el entonces gobierno, también del PP, los echó a la calle.
Aquellos despidos fueron una de las primeras decisiones que tomó el actual alcalde, el popular César Sánchez, al llegar al cargo. El también presidente de la Diputación de Alicante ha vivido un fin de semana de gloria al entrar en la ejecutiva nacional del PP. Ayer le tocaba volver a tierra. No lo hizo. Para sorpresa de propios y extraños, cuando llegó la hora de debatir las mociones de la oposición sobre la responsabilidad patrimonial, el alcalde dio la espantada. Le cedió la presidencia del pleno al edil Manuel Cabrera y se fue. Ni siquiera se quedó a explicar que la suerte de esos 14 trabajadores que se han ganado en los tribunales el derecho a volver al ayuntamiento está echada. El gobierno local los volverá a despedir tras readmitirlos.
Quienes se quedaron más descolocados fueron los ediles del gobierno. Pedro Jaime Fernández, portavoz de Gent de Calp y ahora socio del PP, se opuso frontalmente en 2011 a los despidos.
El portavoz de Compromís, Ximo Perles, recordó que el alcalde ausente fue concejal del gobierno popular de Javier Morató que engordó la plantilla municipal y, luego, ya al frente del ayuntamiento, decidió «los despidos masivos». Sostuvo que el Estado, por la dilación en la sentencia (ha significado que las indemnizaciones se dispararan), y los ediles que votaron tirar a los trabajadores deben ahora asumir «la responsabilidad patrimonial de este desastre».
Perles apuntó que consideraba que existía una causa de abstención para los ediles implicados. La secretaria pidió diez días para elaborar un informe jurídico sobre si pueden o no votar. Y por ahí, mal que bien, se salvó el gobierno local. La moción se quedó sobre la mesa.
La del PSPV corrió la misma suerte. Su portavoz, Santos Pastor, exigió también una comisión de investigación. Advirtió de que, cada día que pasa, al no readmitir a unos trabajadores que deben cobrar todos sus salarios desde 2011, «el agujero se hace más grande». Aseguró que la indemnización que deberá pagar el ayuntamiento subirá a unos 2 millones de euros.
El estropicio es de aúpa. Pero el alcalde ayer tenía otros compromisos.
