La urbanización Tossal de la Cometa, en Calp, es un runrún de generadores. Las familias, la mayoría con hijos pequeños, llevan sin luz desde el pasado 22 de marzo. Cocinan con hornillos de camping. Han comprado generadores a gasoil, que, como mucho, tienen potencia para el frigorífico; es básico que la comida no se estropee. La ropa la llevan a lavar a las lavanderías de autoservicio. Cuando se hace de noche, esta urbanización de quince adosados queda sumida en la más completa oscuridad. El alumbrado público tampoco funciona.

Las quince familias que vivían de alquiler en esta urbanización no ganan para sustos. El primero se lo llevaron el pasado quince de noviembre. Acudió una comisión judicial a desahuciar todas las viviendas. Entonces los inquilinos descubrieron el pastel. Tenían contratos firmados con las mercantiles hasta entonces propietarias del residencial, Rodemar Patrimonio y Hariolus Europa, ambas con sede en Calp, y Cyrene Creativa, radicada en la Vila. Pero los responsables de esas empresas no les avisaron de que estaba en marcha un proceso de ejecución hipotecaria, es decir, un desahucio.

Los cerrajeros y la comisión judicial se quedaron de piedra cuando vieron que allí vivían familias. Creían que las casas estaban vacías y que acudían a cambiar las cerraduras porque había una nueva mercantil propietaria, Mosacata, con sede en Madrid.

Las familias lograron que el desahucio se suspendiera. Pero lo peor estaba por llegar. El 22 de marzo la compañía eléctrica cortó la luz, que era de obra, a toda la urbanización. Los vecinos indagaron y se llevaron otra sorpresa: para la compañía el suministro eléctrico constaba como cortado desde 2012.

Las tres empresas a las que las familias arrendaron las casas no les comunicaron la precaria situación de la urbanización. Los adosados no tienen cédula de habitabilidad. Sin embargo, los inquilinos sí disponen de contratos de arrendamiento en vigor y algunos de larga duración. Han pagado incluso por adelantado. Hay residentes a los que les quedan años de alquiler. Es su única vivienda. Pero habitarla sin luz es una pesadilla.

De ahí que algunas familias ya no aguantaran más. Se han marchado. Quedan siete inquilinos. Están dispuestos a dar batalla. Han presentado una querella en el juzgado de Dénia contra los administradores de las empresas que les alquilaron las casas y también contra el nuevo dueño. Los han denunciado por estafa y por coaccionarles para que abandonen los adosados. También advierten de que los anteriores propietarios pudieron cometer un delito de defraudación de suministro eléctrico.

Además, exhortan al juez a que, ante «la situación extrema» en la que se hallan, ordene a la compañía eléctrica que restablezca el suministro eléctrico a la urbanización. Estos residentes advierten de que ahora, de cara a la campaña turística, es imposible encontrar otro alquiler en Calp.