El pleno del Ayuntamiento de Dénia aprobó ayer con los votos del equipo de gobierno (PSPV y Compromís), Podemos y la coalición Gent de Dénia-Centre Unificat la solicitud a la Conselleria de Territorio de la suspensión de la vigencia del Plan General de 1972 y la tramitación de unas nuevas normas básicas urbanísticas.
Esta situación de interinidad preocupa a los partidos políticos, empresarios del sector y vecinos en general, ya que prevén una paralización total de un sector económico que en toda la comarca ya empieza a moverse con velocidad y en la capital avanza más lentamente.
La pregunta es cómo se van a dar las licencias de obras, pero también el resto de autorizaciones que dependían de un plan general.
Fue la portavoz del PP, María Mut, la que en el debate se lo preguntó a la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, qué iba a pasar en el caso de las solicitudes de licencias de actividad y los cambios de titularidad.
Ante esto la edil responsable reconoció que en el ayuntamiento esperan que la conselleria «nos pase una guía para tener los detalles y poder tramitar las licencias».
Ripoll tranquilizó a la edil y destacó que la ley recoge la situación de interinidad en la que se quedará Dénia y en base a lo que diga la Generalitat se actuará.
También la que fuera responsable de Urbanismo en la anterior legislatura, Pepa Font, puso sobre la mesa los problemas que se pueden generar y provocar «el colapso de un ámbito de negocio» que se está «reactivando». Por ello reclamó al gobierno local de Dénia «máxima celeridad tanto a nivel municipal como a la conselleria».
«Top 5» de las condenas
Desde Ciudadanos, el concejal de Ciudadanos, Sergio Benito, que junto al PP, decidieron abstenerse en la solicitud, aseguró que el trámite superado «es un parche que llega tarde y mal».
Benito expuso que «la mejor solución es que el nuevo plan general estuviera redactado y en proceso de aprobación final», pero se lamentó de que el gobierno «se ha querido coger todo el tiempo de mundo para redactarlo».
El edil aseguró además que Dénia está «en el top five de las condenas urbanísticas» que constituyen una auténtica losa para todos los ciudadanos.
En concreto, son cerca de 26 millones de euros, los que el consistorio está pagando por sentencias contrarias a los intereses municipales; pagos cuyo aplazamiento ha pactado y que realizará hasta 2022.
Estas cifras las puso sobre la mesa el edil de Podemos Dénia, Alex Rodenkirchen, quien afirmó que el ayuntamiento tiene una deuda de 27 millones de euros, que equivalen a unos 650 euros por habitante y le sitúa en el puesto 865 del ranking de endeudados de España.
