Los alcaldes de la Marina Alta esperaban el «punto de inflexión». Y llegó ayer. «Sí, cuando la Xarxa d´Alcaldes nos reunimos con el presidente y la consellera de Sanidad ya nos dijeron que antes de acabar este año llegaría un anuncio importante», reveló ayer el munícipe de Pego, Enrique Moll, del PSPV.
El presidente del Consell, Ximo Puig, lanzó ayer en el debate de política general de les Corts que se van a «iniciar los trámites» para recuperar la gestión pública de la sanidad en la Marina Alta. Los alcaldes y la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública ya hace tiempo que le meten presión. En abril, en la reunión a la que aludía el alcalde pegolino, Puig persuadió a los representantes comarcales de que era mejor no convocar manifestaciones y que el camino de la reversión se andaría más pronto que tarde. De hecho, el presidente siempre ha afirmado que la gestión pública podría incluso recuperarse antes de acabar esta legislatura.
Marina Salud, la empresa que desde 2009 ejerce la concesión del departamento de salud de la Marina Alta, tiene contrato hasta 2023 y prorrogable otros 5 años.
Los alcaldes interpretaron ayer que el anuncio de Puig en las Corts abre la puerta a que la vuelta al modelo público se produzca, efectivamente, antes de que termine en 2019 este mandato.
El munícipe de Pedreguer, Sergi Ferrús, de Compromís, subrayó que las Corts y el debate de política general eran «la mejor tribuna» para dar fuerza al compromiso de rescatar la sanidad durante esta legislatura. «Creo que es un gran paso. Espero que también ayude a que en Pedreguer tengamos el nuevo centro de salud que esperamos desde hace muchos años», añadió.
El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, también destacó que Puig ante las Corts explicitara «la voluntad política de la Generalitat de revertir la sanidad antes de que concluya esta legislatura». «El anuncio es un paso adelante. Se está trabajando y no hay marcha atrás», dijo.
Grimalt aseguró que para los alcaldes es «una satisfacción» que el presidente del Consell reafirme su compromiso de restablecer la gestión pública. «Es una demanda de todos los ayuntamientos y de la inmensa mayoría de la sociedad de esta comarca».
De hecho, en una próxima reunión con Puig y la consellera de Sanidad y su equipo, los munícipes llevarán los acuerdos plenarios a favor de resolver el contrato con Marina Salud y volver al modelo de gestión pública que han adoptado en estos meses todos los consistorios.
La firma Marina Salud, que está participada al 65 % por DKV Seguros y al 35 % por Ribera Salud, declinó ayer valorar las palabras del presidente del Consell, quien aseguró que no estaba en contra de la colaboración público privada, «pero sí del descontrol y el amiguismo».
Mientras, el presidente del comité de empresa de Marina Salud y delegado del SIMAP, Miguel Burguera, dijo que ahora es «un momento propicio» para abandonar el modelo de gestión privada y detener la marcha que por los recortes de la concesionaria se ha producido en los últimos años de los médicos y profesionales sanitarios con más experiencia. Advirtió de que la empresa debe al Consell 107 millones de euros y de que Ribera Salud, que es el socio más reticente a irse de la Marina Alta, tiene «muchos frentes abiertos». Sostuvo que el nuevo gerente de Marina Salud, Luis Carretero, quien sustituyó hace dos meses a Ángel Giménez, tiene un perfil más proclive a negociar incluso la salida de la concesionaria.
