En el dique seco. Nunca mejor dicho. La empresa Infinity Sea Calpe, que desde hace dos años desarrolla su actividad de alquiler de embarcaciones en el Real Club Náutico de Calp, ha sufrido los efectos colaterales de un conflicto en el que no tiene nada que ver. Juzgados de Benidorm y Dénia, la Fiscalía, la Guardia Civil y la conselleria de Vivienda están investigando, tras una denuncia presentada por la asociación Costa Blanca Marine, posibles tratos de favor de funcionarios de Puertos a la mercantil que desde hace 50 años tiene el monopolio de la explotación turística de la Isla de Benidorm. A la empresa calpina, ni le va ni le viene. Pero los funcionarios bajo sospecha tienen competencias en los puertos de Dénia y Calp. Y las pesquisas también se centran en si en estas otras dársenas han cometido posibles irregularidades.

Los responsables de Infinity Sea Calpe creen, de hecho, que pagan justos por pecadores y que las denuncias a los funcionarios de Puertos (uno de ellos es el jefe de explotación de Puertos, Julio Marín, en el cargo desde 1995) han provocado que la conselleria aplique a machamartillo la Ley de Puertos de 2002 y prohiba la actividad de charter en «unos pocos clubes privados», entre los que se cuenta el de Calp.

La empresa calpina ha recibido la comunicación del real club náutico de que este año ya no podrá operar. No obstante, está esperando una nueva respuesta de la Generalitat.

Esta empresa envió el pasado 28 de noviembre un escrito al propio presidente del Consell, Ximo Puig. Le trasladaba que el alquiler de embarcaciones atrae a Calp a muchos turistas, sobre todo a familias. «Llevamos funcionando más de dos años con los permisos pertinentes expedidos por la Generalitat Valenciana, válidos hasta 2019», precisaban los responsables de Infinity Sea Calpe, que lamentan que no se les informara al iniciar la actividad de las trabas que pone la Ley de Puertos, «ley que no se ha hecho efectiva hasta ahora».

Presidencia de la Generalitat Valenciana contestó a la mercantil al día siguiente. Le indicó que trasladaba el escrito a la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio «para su conocimientos y a los efectos oportunos».

Mientras, los responsables de la empresa calpina afirman que se ven abocados a la ruina si no se les permite seguir realizando una actividad para la que habían realizado una fuerte inversión.